Varias veces he planteado en esta columna que el país, antes que desgastarse en expedir nuevas leyes, debe preocuparse por el cumplimiento efectivo de las existentes. Como ejemplo, el presidente Virgilio Barco utilizó la figura del Estado de Sitio para concebir una legislación de emergencia -luego convertida en normas permanentes- para combatir problemas de fondo como el orden público, la corrupción y el narcotráfico.
Asimismo, desarrollando normas del Congreso, facilitó en 1990 la reinserción del M-19, un movimiento guerrillero que estaba derrotado militar y políticamente por la torpeza de la toma del Palacio de Justicia. De hecho, hay quienes todavía sostienen, contra toda evidencia, que la Constituyente se convocó para facilitar la paz con dicho grupo, cosa que no es cierta. Navarro pudo ser ministro de Gaviria gracias a que Barco ya los había indultado. Por otra parte, por el auge de los grupos armados de derecha, Barco derogó la ley de 1965 que permitía el porte de armas a particulares y tipificó como delito la creación de las autodefensas, germen del paramilitarismo que ocasionó masacres tan crueles como la de Barrancabermeja, cuyos detalles han salido a la luz por las investigaciones de la magistrada Catalina Díaz en la JEP. Aún falta conocer mucho de esa aterradora verdad que buena parte del establecimiento intentó ignorar deliberadamente.
Algunos de esos decretos se dictaron como reacción al asesinato de Galán, atribuido a una mezcla de corrupción política y narcotráfico. Un decreto de emergencia amplió la tipificación del enriquecimiento ilícito, incluso invirtiendo la carga de la prueba. Determinó que era el servidor público quien debía probarle al Estado la razón de su enriquecimiento injustificado. La Corte Suprema -que entonces ejercía el control constitucional- avaló el decreto y consideró que no violaba la presunción de inocencia. Ese sigue siendo el mejor instrumento si en verdad se quiere combatir la corrupción. Es de muy fácil aplicación, pues basta con comparar los ingresos del funcionario con sus gastos utilizando toda la tecnología y la información en poder de la DIAN, la UIAF y los servicios de inteligencia estatal. No se necesitan más estatutos anticorrupción ni “zares” anticorrupción.
También por un decreto se restableció la extradición después del vergonzoso fallo de diciembre de 1986, en virtud del cual, con un fútil argumento, la Corte Suprema tumbó el tratado de extradición con los EE. UU. Ya se sabe que en la Constituyente se terminó cediendo a la presión de los capos para prohibirla. Antes de la ampliación de la figura en el artículo 34 de la Constitución, Barco ya había establecido la extinción de dominio de los bienes de la mafia, hoy extendida a prácticamente todas las formas de delincuencia: corrupción, minería ilegal y hasta las conductas contrarias a la moral social, como un eficaz instrumento para afectarles lo que más les duele a los delincuentes que es el bolsillo y, revertir esos bienes en beneficio de los ciudadanos. Una disposición bien diseñada que poco a poco se fue distorsionando. Fueron muchos los escándalos sobre el manejo de los bienes en la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, convertida en algún momento en la caja menor de políticos desvergonzados. Al enterarse de que muchos de sus copartidarios se estaban repartiendo esos bienes, el presidente Andrés Pastrana se quejó de que ellos, militantes del conservatismo, habían cambiado las banderas del partido por las sábanas de los moteles que, entre otros tantos bienes, le habían sido entregados.
El caso más reciente lo denunció hace pocos días la Unidad Investigativa de El Tiempo, al demostrar que esos bienes eran devueltos a testaferros del narcotráfico y utilizados para conseguir “información” sobre supuestos atentados. Jamás se pensó que ese sería el destino de los bienes decomisados. El informe revela audios y señala a altos funcionarios del gobierno anterior como responsables de semejante desvío. Sin embargo, en este, como en tantos otros casos, rige la norma no escrita de que un escándalo tapa a otro y las investigaciones judiciales nunca llegan. Ahí están los nombres, pero ninguno ha dado explicaciones. A esto se suma una tendencia que frena la lucha real contra la corrupción: si un medio descubre un escándalo, los demás prefieren ignorarlo. Estas malas prácticas, y no la falta de leyes, son las que realmente facilitan la corrupción.
@gomezmendeza
