Cada inicio de año, Colombia vuelve a enfrentarse a una discusión que, con frecuencia, divide más de lo que construye: el aumento del salario mínimo. Para algunos sectores empresariales representa un riesgo para la sostenibilidad del empleo; para millones de trabajadores, una corrección necesaria frente al costo de vida. En 2026, esta decisión volvió a polarizar el debate público. Sin embargo, hay una lectura que sigue siendo secundaria y que resulta clave para entender el momento del país: lo que este aumento significa para el primer empleo y para los jóvenes que intentan iniciar su vida laboral en condiciones de dignidad.
El contexto laboral nacional ofrece señales que merecen una lectura más fina y menos reactiva. De acuerdo con cifras oficiales del DANE, Colombia cerró 2025 con una tasa de desempleo cercana al 8 %, una de las más bajas en más de dos décadas, y con más de 23 millones de personas ocupadas. Estos datos reflejan un mercado laboral que, pese a dificultades estructurales, ha mostrado capacidad de recuperación. No obstante, esta mejora no se distribuye de manera homogénea. Cuando se observa el empleo juvenil, la brecha persiste: los jóvenes entre 18 y 28 años enfrentan tasas de desocupación cercanas al 14 %, muy por encima del promedio nacional.
Esta diferencia no es menor ni coyuntural. Para miles de jóvenes y recién graduados de la educación superior, el primer empleo sigue estando marcado por la informalidad, la inestabilidad y salarios que apenas permiten subsistir. No se trata solo de ingresos. Es el punto de partida de una trayectoria laboral. Cuando ese inicio ocurre en condiciones precarias, el mensaje es claro y preocupante: estudiar no siempre garantiza mejores oportunidades y la formalidad no siempre compensa. Las consecuencias de ese arranque desigual se arrastran durante años y terminan afectando productividad, cotización al sistema y expectativas reales de movilidad social.
En este escenario, el aumento del salario mínimo en 2026 introduce un mensaje que va más allá de la cifra. Reconoce que el trabajo joven también debe ser valorado y que la entrada al mercado laboral no puede seguir normalizando la precariedad. Para un recién graduado, contar con un salario que supere el umbral básico no es un privilegio; es una condición mínima para permanecer en la formalidad, proyectarse y construir autonomía. Dignificar el primer empleo no es una consigna ideológica: es una apuesta por el futuro productivo del país.
Dignificar el inicio laboral también es una decisión de país
Ahora bien, este debate no puede plantearse como una confrontación entre empleadores y trabajadores. Existen preocupaciones legítimas en el sector empresarial, especialmente en micro y pequeñas empresas que operan con márgenes ajustados. Por eso, la discusión de fondo no es si el salario mínimo debe subir o no, sino cómo se acompaña esta decisión para que se convierta en una oportunidad y no en una barrera de acceso al empleo. El país necesita más jóvenes trabajando, pero también mejor preparados, mejor remunerados y con mayor estabilidad.
El reto está en construir un ecosistema que conecte salario, productividad y formación. Incentivos a la contratación juvenil, fortalecimiento de prácticas remuneradas, reducción de cargas no salariales y una articulación más estrecha entre educación superior y sector productivo hacen parte de una solución integral. Aquí, las universidades cumplimos un rol estratégico: no solo formamos profesionales, sino que acompañamos su transición al mundo del trabajo, alineando competencias con las necesidades reales del mercado.
Cuando las empresas encuentran jóvenes con formación pertinente y expectativas claras, el salario deja de verse únicamente como un costo y empieza a entenderse como una inversión. Además, en un país donde más de la mitad de los trabajadores sigue en la informalidad, avanzar hacia mejores condiciones salariales puede convertirse en un incentivo para fortalecer la formalización y la estabilidad laboral.
Mirar el aumento del salario mínimo desde la óptica del primer empleo permite cambiar la narrativa del debate. No se trata de imponer cargas ni de desconocer realidades empresariales, sino de asumir una responsabilidad colectiva: garantizar que quienes ingresan al mercado laboral lo hagan con condiciones mínimas de dignidad y proyección. Un país que precariza a sus jóvenes compromete su crecimiento, su cohesión social y su capacidad de competir.
Superar la polarización es urgente. El salario mínimo, por sí solo, no resolverá los desafíos del empleo juvenil, pero puede ser una señal poderosa si se acompaña de políticas inteligentes, coherentes y sostenidas. Dignificar el primer empleo no es una concesión: es una decisión estratégica para el desarrollo del país y para una generación que quiere trabajar, aportar y quedarse.
* Rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar
