Otra vez el Caribe colombiano contempla cómo una de sus grandes apuestas de integración regional termina embolatada entre promesas políticas incumplidas, burocracia paralizante y falta de voluntad estatal. Los estudios de prefactibilidad del proyecto del Tren Regional del Caribe, concebido como una infraestructura estratégica para impulsar la competitividad de Atlántico, Bolívar y Magdalena, hoy permanecen engavetados en algún escritorio de esas gobernaciones, convertido —por ahora— en otro símbolo de las frustraciones históricas de un territorio que escucha anuncios grandilocuentes, pero rara vez ve resultados concretos.
Este proyecto no nació de la nada ni de la improvisación. Durante años fue presentado como una alternativa viable para reactivar la red férrea del Caribe, integrar los nodos portuarios, reducir costos logísticos, descongestionar las carreteras y abrir nuevas posibilidades de conectividad para pasajeros y carga. Sus estudios El mundo de Turcios iniciales, a cargo de Findeter, trazaron una hoja de ruta técnica seria, consistente en un corredor de 365 kilómetros a través de 25 municipios, interoperable con la red férrea nacional y conectado con los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Incluso se definieron modelos de trenes eléctricos para las personas y locomotoras híbridas para la carga. Pero el problema nunca estuvo en la visión. Estuvo —y sigue estando— en la incapacidad política de convertir el proyecto en realidad.
Desde 2022 comenzaron los compromisos oficiales de este gobierno. El entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció junto a los gobernadores que acompañarían el proyecto para llevarlo a la fase de factibilidad. Nada pasó. Más adelante, en el 2025, el presidente Petro volvió a alimentar expectativas al asegurar que licitaría y dejaría financiada la construcción del tren. Tampoco se avanzó un milímetro en la siguiente etapa. Ni licitación, ni financiación, ni liderazgo institucional. Apenas declaraciones entusiastas de pura carreta.
Lo más desconcertante es que el proyecto, más allá de sus detractores, sí tiene sentido de desarrollo. Su impacto estructural para la región resulta crucial porque apunta a facilitar la movilización de carga desde los principales puertos hacia el centro del país, fortalecer la intermodalidad logística, favorecer los encadenamientos productivos y posicionar al Caribe como un verdadero hub logístico nacional e internacional. No menos importante es su línea de pasajeros capaz de conectar poblaciones históricamente aisladas en Bolívar, Atlántico y Magdalena, ofreciendo alternativas funcionales de movilidad moderna, segura y sostenible.
Sin embargo, el tren parece que descarriló antes de existir. La falta de claridad sobre quién tomaba las riendas del proyecto, las dudas sobre su financiación y la desconexión entre el actual Ejecutivo y las gobernaciones terminaron por estancarlo. Y lo más grave es que ni siquiera la misma región se lanzó a defenderlo con vehemencia. De lejos, faltó liderazgo político caribeño para impedir que esta iniciativa estratégica durmiera el sueño de los justos.
La evidencia del abandono se revela demoledora. El concepto ambiental favorable dado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) venció en octubre de 2025 y nadie se enteró.
Sí, como si el proyecto hubiera dejado de importarle a todos. Ni a Bogotá ni a las gobernaciones en cuestión, ni al gobierno Petro que prometió reactivar el modo férreo en el país, ni a los dirigentes territoriales que lo presentaron como nuestra prioridad histórica.
En definitiva, la región Caribe parece que se quedó —una vez más— sin el pan y sin el queso. Sin el delirante tren eléctrico elevado que Petro echó a andar en su cabeza para unir a Buenaventura con Barranquilla y sobre el que corrieron ríos de tinta en su momento, y sin el Tren Regional del Caribe, del que ya nadie habla porque, en términos reales, nunca existió.
