En los últimos tiempos, la expresión “informes de inteligencia” ha vuelto a ponerse de moda por su utilización en hechos de inocultable gravedad, aun cuando en verdad también ha sido muy “mentada” en gobiernos anteriores. La inteligencia se suele usar para adelantar pesquisas, indagaciones o recoger datos sobre hechos criminales o de asuntos de “seguridad del Estado”, a veces confundida con la del gobierno de turno y en ocasiones hasta con la vida financiera o privada de las personas. La característica principal es que no está sometida a los estrictos rigores de legalidad que deben seguirse para investigaciones penales o disciplinarias. Han servido, eso sí, para tomar decisiones muchísimas veces arbitrarias o, descalificar o desvincular personas, incluso dentro de la fuerza pública.
No es entonces casual que existan los llamados “organismos de inteligencia” tales como la UIAF, la Dirección Nacional de Inteligencia o los equivalentes en Policía, Ejército y Armada. No siempre esas entidades han sido de grata recordación para los colombianos. Durante los gobiernos de Laureano Gómez y Rojas Pinilla, existió el Servicio de Inteligencia Colombiano SIC, sigla que irónicamente hoy es la de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Hubo muchas acusaciones de seguimientos ilegales, desapariciones y torturas, incluida la que según se dijo entonces, le aplicaron a un ciudadano Echavarría para sacarle confesiones de conspirador contra el régimen, que incluyeron mantenerlo sentado desnudo en un bloque de hielo.
Caído Rojas Pinilla, se suprimió el SIC y se creó el DAS, organismo que al verse comprometido también en hechos parecidos a los del SIC e interceptaciones ilegales, tuvo que ser suprimido y reemplazado por la actual Dirección Nacional de Inteligencia. Probablemente, muchos de los antiguos guerrilleros del M19 fueron víctimas de agencias de inteligencia. En este gobierno, irónicamente, la DNI, la UIAF, la UNP y hasta la DIAN, han estado y están dirigidas por excombatientes del M19, incluido el prófugo bailarín Carlos Ramón González.
Varias veces, el presidente Petro ha acudido a la figura de los “informes de inteligencia” para deslizar acusaciones que a la postre no resultan probadas judicialmente. En diversas ocasiones ha recurrido al mecanismo para denunciar atentados contra su vida de los cuales nunca se dan nombres, sitios ni datos, mucho menos elementos para iniciar procesos penales. Lo hizo para denunciar un supuesto “entrampamiento” en su contra previo a su reunión con Trump. El resultado fue una destitución -aparentemente injusta- de dos altos oficiales de la Policía.
A raíz del delicado informe de Caracol Televisión sobre acercamientos de agentes del gobierno con el llamado “zar del contrabando” en el que aparecen ofertas de beneficios después de que amenazara con “tirarse” al gobierno, entre otras: incluirlo como gestor de paz para evitar una extradición y hasta “gestiones ante la fiscalía”. Veladas extorsiones. Otra vez, acudiendo a informes de inteligencia, dice el jefe del Estado -sin nombres- que agentes de su gobierno se han acercado a pitufo para pedirle plata y que la Fiscalía -sin detalles- estaría unida con funcionarios de inteligencia para impedir su extradición.
En otro frente, hace la gravísima acusación de que comandantes militares -todos de su libre nombramiento y remoción- estarían pasando información sobre acciones bélicas a Iván Mordisco, para protegerlo e impedir su captura.
Y ahora, por su obsesión contra Thomas Greg and Sons, sale con la descabellada tesis de que por inteligencia se conocieron grabaciones -sin orden judicial lo que de suyo es un delito que nos hace recordar la caída de Nixon- entre los directivos de esa empresa y el candidato de la Espriella, supuestamente para convenir un fraude electoral.
Constitucionalmente el presidente es el símbolo de la unidad nacional. No está autorizado a lanzar “bolas” sin pruebas. Las palabras de un presidente son hechos políticos y jurídicos per se. Él está obligado a decir si esas grabaciones existen, quién las hizo, por orden de quién y cómo las escuchó. Él es jefe de Estado no un político en campaña. No puede impunemente afectar el nombre de una familia y una empresa respetable. Y esta observación es válida para todos los casos. No puede, como suele hacer, “tirar la piedra y esconder la mano”.
@gomezmendeza
