Hay una diferencia profunda entre negociar la paz y hacer cualquier tipo de concesión para lograrla. Esta es la diferencia que hoy está sintiendo con crudeza la Sierra Nevada de Santa Marta. La crisis en esa región deriva un drama mayor porque ocurre en uno de los territorios históricos, culturales y turísticos más importantes del país. Allí las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo -que sigue en negociaciones con el gobierno-, han desplazado y confinado a los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.

La negociación con las ACSN nació como todos los improvisados procesos de la paz total, con la falta de una arquitectura jurídica clara para el sometimiento. Al no existir un marco que diferencie el delito político -de hecho inexistente en todos estos grupos ilegales- con crímenes graves incluso de lesa humanidad por afectar indígenas, niños y comunidades, terminó otorgando estatus de gestores a quienes controlan las principales rutas de narcotráfico y extorsión en este corredor estratégico y turístico de Magdalena y La Guajira.

El experimento de paz con las ACSN, donde el gobierno instaló un espacio de conversación socio-jurídico, no trajo ninguna paz. Los compromisos de no reclutar menores, ni interferir en elecciones o desescalar la violencia se volvieron una burla. La semana pasada observamos incluso, el uso de drones con explosivos y el confinamiento de comunidades indígenas por estos grupos, amparados bajo el ropaje impune de la paz total.

Esta ambigüedad ha sido capitalizada por los ilegales para fortalecerse y consolidar su presencia territorial. Como ya advertíamos en el análisis de la situación en Barranquilla en la columna del 27 de enero, las “treguas” suelen ser periodos de reoxigenación. Mientras el gobierno otorga ceses, ACSN, Clan del Golfo y bandas urbanas profundizan la violencia. El resultado es devastador: desplazamiento forzado, aumento del homicidio y el confinamiento.

La situación de la Sierra no es un caso aislado. En otras zonas del Caribe se ha instalado la misma sensación de una violencia creciente que no ha desaparecido. Barranquilla por ejemplo, está viviendo episodios de criminalidad urbana asociados a disputa entre bandas. En la región, le ha correspondido a la Policía y al Ejército concentrar extraordinarios esfuerzos para controlar el reacomodamiento del crimen organizado, que reitero, no puede solucionar en un día, lo que en estos años, crecieron y fortalecieron las distintas bandas y grupos ilegales.

Tres lecciones le quedan al país para no repetir. La primera es el peligro del reconocimiento político a ilegales a costa de la paz. La segunda es desconocer que durante negociaciones sin condiciones, estos grupos se fortalecen; y la tercera, quizá la más grave, es que si no hay resultados concretos y se persiste en estos procesos, la población termina percibiendo que el gobierno dialoga y beneficia a los mismos que los están violentando. La paz total no puede ser un cheque en blanco que se sigue pagando con la vida de los colombianos.

Research Associate Leiden University, Profesor Universidad EIA.

T. Coronel (RP) PhD