Mientras el Caribe vuelve a registrar inundaciones y decenas de miles de familias afectadas, la discusión que surge no es solo alrededor de la atención humanitaria, sino la política y estructural: ¿es el Estado central el mejor gestor de emergencias o ha llegado la hora de que los departamentos administren sus propios recursos?

La emergencia invernal ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad histórica de regiones como Córdoba y Urabá, La Guajira, Atlántico y Bolívar. Gobernadores y alcaldes han vuelto a reclamar que, pese a ser el primer frente de respuesta, no reciben los recursos necesarios o se dilatan en procedimientos burocráticos que retrasan la acción urgente. Ese escenario alimenta una discusión que debió tenerse hace años: la de la autonomía fiscal y de financiamiento por los territorios.

El modelo colombiano bajo la Ley 1523 de 2012, establece que los entes territoriales son los primeros llamados ante una emergencia y la UNGRD actúa subsidiariamente cuando las capacidades locales son superadas. En teoría, promueve un equilibrio con el orden nacional, pero en la práctica, son asfixiados por la dependencia presupuestal centralizada, por un tributo que no retorna y se consume en la corrupción de entidades como la UNGRD.

Los departamentos claman por recursos, anticipación y autonomía, mientras que la centralización condiciona, dilata y politiza la respuesta. En Antioquia o Córdoba, las tensiones entre autoridades regionales y el gobierno han mostrado la fragilidad de un sistema que no garantiza fluidez en la gestión del riesgo cuando las ideologías políticas chocan con las necesidades humanitarias.

La pregunta que hoy debemos hacernos es si ese modelo ha servido eficazmente a los ciudadanos. La respuesta, a la luz de las emergencias recientes y la desconexión presupuestal con las regiones, es que no ha sido así. Si dispusieran de suficientes recursos, con controles estrictos y rendición de cuentas, se podría garantizar una respuesta más ágil y humanitariamente adecuada.

La autonomía fiscal no debe entenderse como un rechazo al gobierno, sino como un acto de justicia presupuestal necesario para mejorar la capacidad de respuesta territorial. La emergencia del Caribe no es solo un desafío climático, sino un llamado de atención sobre el modelo de gestión construido. No se puede seguir confiando en un sistema centralizado que tropieza con presupuestos insuficientes, burocracia y escándalos de corrupción.

La protección de las comunidades exige no solo recursos suficientes, sino también una estructura que acerque la decisión y el financiamiento a quienes sufren las consecuencias directamente. Si queremos que Colombia responda con eficacia ante el siguiente fenómeno climático, debemos comenzar por reconfigurar el papel del Estado central y de los gobiernos territoriales en la gestión del riesgo de desastres y asumir con empatía los padecimientos de la comunidad.

T. Coronel (RP) PhD - Research Associate Leiden University, Profesor Universidad EIA.