Hace exactamente un año publiqué mi columna Air-e, la punta del iceberg, título este con el que quise significar que la crisis financiera que había llevado a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios el 12 de septiembre de 2024 no era un hecho aislado, que las restantes empresas comercializadoras de energía que le prestan el servicio a sus usuarios estaban afectadas por las mismas falencias.
La enormidad de la deuda del gobierno nacional por concepto del subsidio al consumo de energía a los estratos 1, 2 y 3, la de las entidades oficiales por su mora en el pago de sus facturas, la deuda acumulada por concepto de la Opción tarifaria, las agobiaba a todas y las tenía al borde de un apagón financiero. Así lo pudieron establecer y advertir los organismos de control (CGR y PGN) en reiterados pronunciamientos.
Desde luego, el caso más patético era y sigue siendo el de Air- e. Lo que llevó a su intervención fue su insolvencia, iliquidez y falta de caja, situación ésta que lejos de resolverse se ha agravado: la sola deuda con las empresas generadoras de energía pasó de $500 mil millones antes de la intervención (la cual quedó en suspenso), a $1.7 billones después de intervenida! Esta es una muestra palmaria de la incuria, la negligencia, la desidia y la incompetencia de la Superintendencia, la que en lugar de solucionar la crisis de Air- e se convirtió en parte del problema. La intervención por parte de la Superintendencia a Air -e ha sido un rotundo fracaso!
Ha sido el propio Ministro de Minas y Energía quien ha manifestado que “sin el respaldo de la Superintendencia a través del fondo empresarial la prestación del servicio de la empresa intervenida se vuelve inviable…en cualquier escenario debe primar la obligación del Estado de garantizar el servicio público a su cargo”.
En efecto, la Superintendencia de servicios públicos dispone del Fondo empresarial para solventar y darle liquidez a las empresas intervenidas y lo que ha aducido para no hacerlo en el caso de Air e es que no cuenta con los recursos para ello, pero ninguno de los tres superintendentes que han desfilado por la Superintendencia se han mosqueado siquiera para proporcionárselos. La dilación y la inacción por parte de la Superintendencia llevó a decir al Contralor General que pese a las advertencias hechas desde 2024, “no se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos” y no superados hasta la fecha.
Ahora, tardíamente, se pretende que sean los usuarios quienes financien el Fondo empresarial pagando un recargo, en el componente de restricciones, de $8 por KWH consumido en sus facturas, equivalente a un incremento de 1% en la factura, trasladándole al usuario el incumplimiento del Estado y como si lo anterior fuera poco, ahora, amparados en la Emergencia económica se ordenó, mediante el Decreto 044 de enero del 2026, que sean las propias empresas generadoras a las que le debe Air-e la energía despachada las que financien dicho fondo para que este a su vez le gire a Air- e para que esta les pague lo que les debe. Por fortuna, la Corte Constitucional lo suspendió!
@amylkaracosta
