La región Caribe colombiana afronta desde el pasado fin de semana una de esas coyunturas que confirman cómo los fenómenos meteorológicos extremos no son episodios aislados, sino una realidad cada vez más frecuente, además de una prueba estructural para el Estado, que suele responder tarde y mal al urgente llamado de los desbordados entes territoriales.

Un frente frío de gran extensión, que descendió desde Norteamérica, ha alterado de forma inusual las condiciones atmosféricas de esta época del año, en la que no son habituales las lluvias y, sobre todo, tan torrenciales y catastróficas como estas. Tanto el Ideam como la Dimar señalan que la interacción de masas de aire frío, sistemas de alta presión y frentes estacionarios han favorecido nubosidad persistente, precipitaciones continuas, tormentas eléctricas, vientos de hasta 55 km/h y oleaje de hasta 4 metros en todas las zonas costeras.

Los efectos de este fenómeno, que ha causado profunda extrañeza entre los habitantes de la región Caribe, ya alcanzan a, al menos, 10 departamentos del país, donde las autoridades reportan considerables afectaciones en zonas urbanas y rurales, con miles de damnificados.

La preocupante fotografía de las últimas horas, como lo ha registrado EL HERALDO, nos habla de personas fallecidas, animales ahogados, cultivos arrasados, playas cerradas, daños en vías, colapso de puentes, fallas eléctricas y cuantiosas pérdidas materiales, todo como consecuencia de múltiples eventos que todavía no cesan: crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, remociones en masa e inundaciones. ¡Una situación tan inédita como inesperada!

Solo en Córdoba se contabilizan más de 13.000 familias afectadas, con impacto en Montería y municipios ribereños del Sinú y San Jorge, mientras el embalse de Urrá opera en máxima alerta. En Magdalena y La Guajira también es crítico el panorama, mientras que en Sucre, Bolívar y Atlántico se reportan algunas emergencias; Antioquia, Huila y Nariño tampoco han quedado al margen del fenómeno. La respuesta local —PMU activados, evaluaciones, restricciones marítimas— es necesaria, pero insuficiente sin una acción humanitaria ágil y robusta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y del mismo Gobierno nacional.

El frente frío que ha irrumpido con intensidad en el Caribe confirma un patrón común: la variabilidad climática se expresa en eventos más y más extremos. Para mayor claridad, el cambio climático ya no solo se traduce en olas de calor más sofocantes; también lo hace en precipitaciones más concentradas, sequías prolongadas, devastadores ciclones tropicales y sistemas meteorológicos que se comportan de manera mucho menos predecible e incierta.

La ciencia aún afina series y correlaciones, pero la evidencia operativa está sobre el terreno, anegando barrios y colapsando infraestructuras, como lo hemos comprobado estos días. Por tal razón, la lección es clara. Colombia sigue en modo reaccionar en vez de anticipar. Ordenamientos territoriales que ignoren rondas hídricas, drenajes urbanos insuficientes, deforestación en cuencas y ocupación de zonas de riesgo convierten fenómenos naturales en desastres sociales. La gestión del riesgo no puede ser estacional ni asistencialista; esta exige una inversión sostenida en adaptación, sistemas de alertas tempranas, infraestructura resiliente, protección de ecosistemas y cultura ciudadana de prevención. Si no se actúa en ese sentido, continuaremos usando pañitos de agua tibia para superar graves emergencias.

Tras el paso de este frente frío, del que no se sabe por qué no fue anticipado con precisión por las entidades correspondientes, hoy la prioridad es salvar vidas, asistir a los afectados y restablecer servicios. Pero, cuando bajen las aguas, la discusión de fondo no puede volver a diluirse. Cada emergencia es también un recordatorio de que el clima del pasado ya no es la guía del futuro. Prepararnos mejor no es alarmismo, sino la responsabilidad básica de un país que desde hace mucho se encuentra situado en la primera línea de la crisis climática.

En todo caso, no está de más advertir que en la impostergable revisión de la estrategia de prevención nacional, bastante centralista por cierto, robarse los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) o usarlos como la caja menor del gobierno de turno debe quedar terminantemente prohibido. Parece un chiste pendejo, pero es absolutamente real.