El salario mínimo surge como un mecanismo creado por la necesidad de proteger a los trabajadores y garantizarles una remuneración básica, que les permita cubrir sus necesidades esenciales. La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo es la cuantía base que un empleador está obligado por ley a pagar a sus asalariados por el trabajo realizado durante un período determinado; cuantía que no puede ser rebajada, ni disminuida.

En más del noventa por ciento de los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existe un salario mínimo, entendido como un piso de protección y no como un techo salarial. Debe quedar claro que el salario mínimo es la retribución mínima que puede recibir un trabajador, mas no la máxima, pues muchos empleadores pagan por encima de este valor en labores básicas, técnicas y especializadas.

El aumento del salario mínimo debe darse en proporciones justas, sin menoscabo de la calidad de vida ni del equilibrio económico. En Colombia, el salario mínimo legal mensual vigente se usa como referencia tarifaria para servicios, seguros, multas y sanciones, lo que amplifica cualquier incremento. Por ello, salario mínimo e inflación están estrechamente vinculados: una gran parte de la canasta de bienes y servicios del IPC está indexada a este valor, haciendo que aumentos elevados se trasladen directamente a los precios.

En un país con altos niveles de informalidad laboral, cualquier incremento abrupto del salario mínimo termina expulsando trabajadores del sistema formal. Pequeñas y medianas empresas, que ya operan al límite, enfrentan mayores costos que no siempre pueden asumir, lo que se traduce en despidos, reducción de jornadas o cierre definitivo de negocios. El resultado es paradójico: menos empleo y mayor precarización.

Además, el impacto no se limita al sector productivo. El alza generalizada de precios golpea con mayor fuerza a quienes viven del rebusque, a los pensionados y a quienes devengan exactamente el salario mínimo, pues su ingreso real se diluye rápidamente. Lo que en el papel parece una mejora, en la práctica se convierte en una ilusión que profundiza la desigualdad y deteriora el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

Decretar un incremento del veintitrés por ciento, el más alto de la historia, en un contexto preelectoral y en los últimos meses de gobierno, parece más una acción de campaña populista que una solución estructural para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Este tipo de decisiones puede generar presiones inflacionarias, advertidas por expertos, y obligar a mantener tasas de interés altas, afectando empleo, inversión y consumo.

Que el remedio no sea peor que la enfermedad… y que este aumento histórico no termine convertido en una crisis que golpee la economía y, especialmente, a los más vulnerables: la mano de obra y el ciudadano con mayores necesidades. La pobreza no se erradica aumentando el salario mínimo; a la pobreza se le pone fin combatiendo de raíz la corrupción.

Una política salarial responsable exige productividad, formalización laboral y reducción de la carga fiscal para pequeñas y medianas empresas, únicas vías sostenibles para crear empleo digno y estable sin destruir el poder adquisitivo de quienes menos tienen. De lo contrario, el costo social será inevitable.

@oscarborjasant