Los Gestores de paz es una figura legal que producto de las iniciativas presidenciales del momento, pueden escoger personajes que se creen podrían ser influenciadores positivos en el difícil camino de buscar paz en nuestro país y la búsqueda de un futuro promisorio para las nuevas generaciones. Pero este capítulo que puede tener potencialmente mucha eficacia se entiende destinado a buscar elementos, personas, dirigentes, que por su trayectoria, su limpia conducta, su idoneidad, sus vidas brillantes precisamente por su honorabilidad y respeto, pudiesen ser distinguidas como un apoyo para buscar esa meta tan anhelada por los colombianos hace más de sesenta años.
Pero el actual Presidente en su periodo convulsivo resuelve de la noche a la mañana designar como algunos Gestores de Paz a algunos guerrilleros, convictos, con autos de detención vigentes o ya pagando en cárceles su desaforado destino, y llevarlos como representantes del gobierno a servir de asistentes o apoyos logísticos a toda clase de programas y reuniones que tengan que ver con la presencia de la paz en el país. La pregunta del millón es: ¿Tiene algún sentido lógico, alguna racionalidad, alguna explicación científicamente sociológica que justifique semejante error? En primer lugar todos los que fueron delincuentes en prisión o fuera de ella, se postulan enseguida para ser escogidos. Igualmente los seleccionen no tienen el respaldo moral y ético para representar a la sociedad unida en un acto tan sublime como este procedimiento. ¿Entonces cómo puede digerir el país semejante plan en una tramoya falsa como la montó el gobierno llamada #Paz Total que fue un absoluto fracaso y que solo ha pretendido llamar a los insurgentes encarcelados en la selva, que se acerquen para que puedan aumentar las votaciones de la izquierda el próximo año?. Ya el Consejo de Estado se pronunció.
El Congreso de la República podría tener alguna responsabilidad en crear una comisión que estudie la manera de prohibirle a la Presidencia esta clase de esperpentos. Porque a un Presidente hay que no solamente nombrarlo, escogerlo, ser al fin y al cabo el conductor de un país, sino limitarlo para que no devenga en extravagancias caprichosas con intenciones ocultas. Hay una Comisión de Acusaciones y si bien el actual Presidente no cae en un delito con esos nombramientos fatídicos, si existe en el Congreso unas Comisiones que pueden estudiar el caso. No hay nada más deprimente para los jóvenes que empiezan a caminar por la vida y menos entendible por ellos que ver en los aplausos de la muchedumbre las manos en alto saludando a quienes cargan en sus espaldas cientos de crímenes y ahora están en una tribuna.








