Varias veces en esta columna y en mi libro Democracia Bloqueada he señalado que, al lado de los aciertos, la Constitución del 91, entre otras equivocaciones, dejó mal regulado el sistema de administración de justicia. A manera de ejemplo: por la proliferación de organismos de justicia, el haber abandonado la idea del plebiscito de 1957 de desvincular totalmente la política y la justicia y, sobre todo, por las llamadas funciones electorales.

Hoy trataré lo relacionado con el haber dejado al Congreso y a los magistrados en la recíproca condición de investigados e investigadores.

En el caso de los congresistas, si bien tenían el privilegio de la inmunidad que impedía que los capturaran sin permiso de la Cámara respectiva -lo que favoreció por ejemplo a Pablo Escobar- una vez levantada la inmunidad, regían las normas ordinarias sobre competencia y solo excepcionalmente los procesos llegaban a la Corte Suprema vía casación. Para enmendar ese yerro se cambió la inmunidad por el fuero en virtud del cual la Corte Suprema de Justicia es la que los investiga y los juzga. Pero a su vez, el Congreso -organismo político- hace lo mismo en relación con sus jueces. Ese curioso cruce ha conducido en veces a la parálisis o a que se tomen “revanchas” fundamentalmente de los políticos hacia los magistrados. Lo mismo pasa con el Consejo de Estado que puede des-investirlos o declarar la nulidad de su elección, pero a su vez, sus miembros son “perseguibles” por el Congreso en un proceso que comienza en la Comisión de Acusaciones.

El caso más reciente pasó relativamente desapercibido en su gravedad. Una integrante de la flamante comisión de “Acusaciones” ordenó una inspección judicial a la Sección Quinta del Consejo de Estado para revisar algunas decisiones de sus miembros. Todo parece indicar que esta es solo una de las más de cuarenta investigaciones que en esa “prestigiada” célula se adelantan contra integrantes de esa Sección.

Es que afecta más a los políticos las nulidades de elección, cancelación de personerías y las pérdidas de investiduras que pueden llevar incluso a la “muerte política”. Prácticamente no hay congresista que no tenga interés en su propio caso o el de gobernadores, alcaldes o funcionarios y hasta familiares que puedan verse “tocados” por las decisiones que en la órbita de su competencia tome el Consejo de Estado.

Llama sí la atención la celeridad con que se abren estas investigaciones si se compara con la habitual lentitud cuando se trata, por ejemplo, de acusaciones contra presidentes -Petro no es el único- investigados por distintos hechos en ocasiones vinculados a la financiación de sus campañas. Habría que averiguar si algunos de los “acuciosos” ha tenido o tiene amigos políticos o allegados afectados por esas decisiones. O si hay determinaciones pendientes en esa sección que comprometan los intereses de esos mismos amigos políticos. Se podría tratar o bien de una revancha o de una intimidación para que fallen en un determinado sentido. Todos los miembros de la Comisión de Acusaciones, por transparencia, deberían publicar los eventuales conflictos de intereses. Lo mismo deberían hacer quienes investigan a los presidentes si tienen o han tenido para sí o para sus familiares cercanos o políticos puestos o contratos.

Desde la otra orilla algunos políticos dicen que no pueden ocuparse de temas que impacten negativamente a magistrados pues ellos tienen competencia para procesarlos penalmente o des-investirlos. Definitivamente, lo que hay que cambiar es este enredando sistema de juzgamiento. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

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A raíz de la indignación de varios sectores del país por los bombardeos contra grupos ilegales en donde resultan muertos menores de edad -entre 13 y 17 años- ha salido a flote en todo su esplendor la incoherencia de algunos políticos. Claramente los principales responsables son los criminales que reclutan niños. Los bombardeos indiscriminados pueden dar lugar a estas dolorosas situaciones. Aún retumban las encendidas voces contra el entonces ministro Guillermo Botero por situaciones parecidas justificadas con argumentos como los de ahora. Las voces de entonces hoy no se escuchan, probablemente por el cambio de protagonistas y de gobierno. El tema no es fácil, pero me hace pensar que no hay nada más revolucionario que la historia o la crónica. Permitiría desnudar uno que otro “tartufo”.

@gomezmendeza