El artículo cuarto de nuestra Constitución Política establece de manera clara la obligación de todos los ciudadanos de respetar la Constitución como norma de normas, así como las leyes y a las autoridades legítimamente constituidas. Este mandato no distingue jerarquías: Todos los colombianos, sin excepción, estamos sujetos al respeto del orden jurídico y al deber mínimo de comportarnos con decoro frente a las instituciones que sustentan el Estado social de derecho.

Por eso, resulta profundamente alarmante e inaceptable que un alto dignatario de la Nación, como lo es el ministro de Justicia, Armando Benedetti, haya reaccionado de manera violenta e irrespetuosa contra la magistrada Cristina Eugenia Lombana, profiriendo insultos tan graves como “loca delincuente hijueputa”. Más allá de lo vulgar del lenguaje, este episodio refleja una preocupante degradación del discurso público y un desprecio por los principios básicos de respeto institucional y dignidad humana.

Un ministro de Justicia representa, por definición, la defensa de la legalidad, la prudencia y el ejemplo moral. Si quien debe ser garante del diálogo y la conciliación entre poderes actúa con agresión verbal y machismo, se envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que la violencia, la descalificación y el irrespeto pueden sustituir al debate jurídico y al argumento racional.

El llamado “gobierno del cambio” no puede ser indiferente ante estos hechos. No se trata de un simple exabrupto, sino de una conducta que socava la confianza en las instituciones y deshonra la investidura ministerial. La ofensa no solo fue contra una mujer, sino contra la Rama Judicial en su conjunto, y por tanto contra la democracia misma.

La Procuraduría y la Fiscalía deben actuar con celeridad e independencia. No puede haber privilegios ni silencios cómplices. El país necesita señales claras de que la ley se aplica por igual a todos, y que la violencia verbal, el abuso de poder y la misoginia no tienen cabida en el ejercicio público.

El respeto entre los poderes del Estado no es una formalidad, es la base misma de la convivencia democrática. Las instituciones se fortalecen cuando sus líderes predican con el ejemplo y se debilitan cuando sus representantes pierden la compostura y el respeto.

Colombia merece servidores públicos que honren su palabra, defiendan la justicia con altura y comprendan que el verdadero poder no se demuestra con insultos, sino con integridad.

@oscarborjasant