Colombia fue descertificada por los Estados Unidos por su falta de cooperación en la lucha contra las drogas. La sanción afecta a Colombia porque se reducirán parte de los 450 millones de dólares que se destinaban a cooperación en seguridad, defensa, justicia y asistencia técnica y nos pone en el paredón de países parias al lado de Venezuela, Birmania, Afganistán y Bolivia.
Lo grave de esto, es que nos vuelve a la época de los ochenta cuando nos enrostraban nuestro pasaporte en los Estados Unidos por ser un país mafioso o en los noventa cuando el narcotráfico financió la campaña presidencial del candidato y luego presidente Ernesto Samper y esto nos implicó dos descertificaciones-1996 y 1997-, y la perdida de la visa del expresidente Samper y del ex fiscal general Gustavo de Greiff.
Pero más que una sanción contra Colombia es una sanción contra Presidente Petro y su gobierno quienes son los responsables de esta hecatombe por tres razones. La primera, el aumento de los cultivos ilícitos en el país. Según el SIMCI de la ONU hay 253,000 hectáreas de hoja de coca y tenemos una producción de más de 2000 toneladas. Recordemos que no existe una política eficaz de erradicación manual o forzosa y se ha retirado la fuerza pública de las zonas donde han aumentado los cultivos por cuenta de la “paz total”. Todo esto se suma a la inexistencia de verdadera una política nacional contra las drogas. Estados Unidos recordó en su informe: “Bajo el liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord”. Frase demoledora.
Un segundo aspecto, tiene relación con la impunidad total que se ha adelantado en Colombia bajo el gobierno de Petro. Desde el mes de enero de 2023, Petro ha intentado a toda costa la suspensión de órdenes de captura de delincuentes, incluso algunos de ellos solicitados en extradición por los Estados Unidos. A eso me opuse con fiereza como Fiscal General y eso generó, probablemente el mayor conflicto institucional en la historia del país entre un presidente en ejercicio y un fiscal general. No cedí. También ha habido casos de extraditables con quienes se han presentado posibles obstrucciones a la justicia para no enviarlos al país del norte. Tampoco podemos olvidar como Petro se ha subido a tarimas con narcotraficantes y delincuentes dejando clara su simpatía por ellos. Esos casos y hechos marcan un desentendimiento con el departamento de justicia de Estados Unidos y el gobierno colombiano.
En tercer lugar, es evidente que Petro ha querido torpedear la relación con los Estados Unidos de forma permanente. Sus discursos, sus entrevistas y sus acciones han buscado alinearse con la dictadura de Venezuela y alejarse de la democracia. A principios de este año por cuenta de un trino en su red social X casi sepulta la histórica relación con los Estados Unidos al indicar que no había dejado aterrizar un avión norteamericano en territorio colombiano con deportados nacionales que se encontraban en ese país.
Estos tres aspectos explican porque llegamos a este punto. La reacción de Estados Unidos fue castigar a Petro con la descertificación pero otorgar un “waiver-excepción” reconociendo que ha existido un trabajo del gobierno local para mantener en pie las instituciones.
El próximo año una de las múltiples tareas que tendremos como país será recomponer esa relación y olvidarnos del autoritarismo de Petro y sus secuaces. Debemos cambiar el rumbo y permitir el retorno de la democracia. Ojalá la unión permita que tengamos la fuerza como país de derrotar al petrismo y la posibilidad de concebir una unión nacional para gobernar, comunicar y reconstruir. No hay más opción.
Ex fiscal general de la Nación
Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
