Después de casi ocho años de creada, la Jurisdicción Especial para la Paz entregó su primera sentencia. Sí, la primera. El tribunal que nació para esclarecer los crímenes más atroces del conflicto, que prometió respuestas rápidas a las víctimas y que absorbió recursos millonarios del Estado, apenas ahora dicta un fallo. Y lo hace con una decisión que más que justicia parece un golpe a la memoria de quienes sufrieron.
Hace unas semanas elevé un derecho de petición a la JEP con preguntas concretas: ¿tiene competencia para investigar a políticos relacionados con las FARC?, ¿ha identificado sus zonas de influencia?, ¿existen investigaciones sobre esos vínculos?, ¿puede indagar sobre delitos electorales cometidos en esos territorios? La respuesta fue decepcionante: sí, la JEP podría investigar, pero no hay casos abiertos; sí hubo control territorial, pero no influencia política; sí se mencionan compra de votos y constreñimiento, pero esos delitos “no son prioritarios”. En otras palabras: mucho discurso, cero decisión.
La sentencia de la JEP confirma lo que se temía desde el inicio: el acuerdo de paz limitó a una sola condena por compareciente. Eso significa que a los máximos jefes guerrilleros, responsables de centenares de crímenes, se les impone una única sanción simbólica. Ocho años de “restricción de libertad” que en la práctica se traduce en un sistema de vigilancia electrónica difuso e ineficaz. ¿Y qué pasa con los demás delitos? La respuesta es clara y dolorosa: quedarán en la impunidad. Miles de secuestros, homicidios, reclutamientos y desplazamientos quedarán enterrados bajo la alfombra de la justicia transicional.
El contraste es indignante. Mientras a excomandantes guerrilleros responsables de más de 21.000 secuestros se les concede una sanción débil y casi decorativa, a miembros de la Fuerza Pública se les imponen condenas mucho más severas. Ese doble rasero destruye la confianza en la justicia y envía un mensaje devastador: la violencia paga, siempre que se ejerza desde el bando “correcto”. Se premia al victimario que negoció en La Habana y se castiga al soldado que actuó en nombre del Estado.
La JEP, que debía ser garante de equilibrio y verdad, parece más interesada en blindar a los victimarios que en dar justicia real a las víctimas. Su primera sentencia llega tarde, llega sola y llega débil. Y con cada respuesta ambigua, con cada omisión y con cada condena simbólica, la promesa de paz se convierte en una burla. Una paz de papel, incapaz de honrar el dolor de quienes lo entregaron todo y que hoy siguen esperando justicia verdadera.
@CancinoAbog
