Se vienen las elecciones de 2026 y, aunque muchos hablan de incertidumbre, lo cierto es que el panorama está bastante claro. El gobierno de Gustavo Petro, que llegó con la promesa de grandes cambios, hoy carga con una popularidad muy baja, incluso entre quienes lo defendían con fuerza. Fue un gobierno fracturado, con reformas que no despegaron y con expectativas que quedaron en veremos. Y esa realidad abre una posibilidad muy fuerte: que la oposición logre mayorías en el Congreso y hasta se quede con la Presidencia.
Al próximo presidente no le espera un país sencillo. Todo lo contrario: tendrá que enfrentar problemas de seguridad enormes. Las disidencias crecen, el narcotráfico sigue siendo el gran motor de violencia y en las ciudades la gente siente miedo al salir a la calle. La sensación de inseguridad es general, y a eso se suma un país dividido: de un lado, quienes siguen soñando con un cambio social profundo; del otro, quienes piden un giro hacia el orden y la autoridad.
Hay además un desgaste en la confianza institucional. Mucha gente siente que el Congreso no los representa, que la justicia es lenta y que votar no cambia nada en su vida diaria. Esa frustración es peligrosa porque abre espacio a discursos populistas, a las promesas fáciles y a los candidatos que venden la idea de que con más cárcel todo se resuelve. La historia nos demuestra que no es así: más penas no significan menos crimen.
Por eso, en medio de las campañas, tenemos que exigir discusiones de fondo. No basta con aplaudir frases rimbombantes; necesitamos propuestas claras sobre cómo garantizar seguridad sin pisotear derechos, cómo hablar de paz sin entregar cheques en blanco y cómo lograr justicia social sin llevarse por delante las finanzas públicas.
Y dentro de esos debates hay un tema que casi nunca se toca: la justicia penal adolescente. Es cierto que debe ser un sistema restaurativo y no punitivo, pero tampoco podemos ignorar la realidad. Cuando un joven comete delitos graves, homicidios, secuestros, abusos, no basta con verlo solo como “víctima del sistema”. Si ya son capaces de planear y ejecutar conductas de adultos, también deben responder como tal. La sociedad no puede cerrar los ojos frente a crímenes atroces escudados en la minoría de edad.
El 2026 no puede ser otra campaña de promesas vacías. Es la oportunidad de exigir a los candidatos un proyecto serio, viable y con visión de largo plazo. Porque las elecciones no son un concurso de frases, sino el momento de decidir, con madurez, el rumbo de un país que sigue buscando salidas a sus heridas más profundas.
@CancinoAbog
