En un país que ha sufrido los más altos niveles de violencia, la seguridad no puede ser una bandera política: debe ser una política de Estado aplicada sin importar quién esté en el poder. Esta premisa debe convertirse en un compromiso de absolutamente todos los precandidatos presidenciales, porque, al margen de los múltiples problemas que enfrentará el país en los próximos años, lo que no es aceptable es que la población civil siga siendo amedrentada y la Fuerza Pública desprotegida. El atentado con explosivos en Cali, que revive momentos dolorosos para la ciudad y el país; el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia; y un ataque con explosivos cerca de la alcaldía de Florencia, Caquetá, se suman a los sucesos violentos que evidencian el estado crítico de la seguridad nacional.
La política de la “Paz Total”, que ha dejado como resultado un caos generalizado y ha otorgado ventajas estratégicas a distintos grupos terroristas, narcotraficantes y bandas criminales, debe llegar a su fin, pues desde un inicio fue mal diseñada e implementada. Parte de la premisa equivocada de que estos grupos están dispuestos a firmar la paz, cuando en realidad aprovecharon esta visión del gobierno para fortalecerse, y ahora todo el país paga las consecuencias.
Bajo el paraguas de la Paz Total se han restringido operaciones militares contra cabecillas de distintos grupos, se han expedido salvoconductos y se establecieron zonas de no operaciones militares, lo que ha llevado a que las Fuerzas Militares pasen de una actitud ofensiva a una defensiva. A ello se suman los ceses al fuego, carentes de rigurosidad técnica, en contraste con los que se pactaron en el gobierno de Juan Manuel Santos, que tuvieron reglas claras y mecanismos de monitoreo tanto nacionales como internacionales. En resumen, se le quitó la libertad de acción a las Fuerzas Militares y se les entregó a los grupos armados, que ahora se mueven con libertad dentro de los territorios y amplían deliberadamente su control sobre las economías criminales.
La seguridad de Colombia está en cuidados intensivos, y el llamado a fortalecerla debe ser unánime. Si en adelante el país quiere explorar nuevos procesos de paz, deberá hacerlo sin resquebrajar el orden público ni dejar al país a merced de los violentos. Para quienes aspiran a la presidencia -que son muchos- no basta con hablar fuerte y prometer que en su gobierno se acabará la violencia o se recuperarán los territorios: se espera que tengan planes, experiencia y una visión que responda a los desafíos actuales de la seguridad, que no son los mismos de hace 20 años.
El país requiere liderazgo, estrategia y absoluta determinación para el restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho.
@tatidangond
