En un país donde la impunidad por conductas delictivas oscila entre el 90 % y el 98 %, resulta difícil que amplios sectores de la sociedad reciban con confianza en la justicia la condena a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa impunidad, que afecta al país en todos sus niveles, pone hoy sobre la mesa un profundo dilema en torno a la justicia: ¿por qué el caso del expresidente logró resolverse antes de prescribir, mientras miles de víctimas siguen esperando en la larga fila de la congestión judicial?

¿Merecía Álvaro Uribe Vélez, como expresidente, más garantías que cualquier otro acusado en un juicio penal? ¿Tenía cualquier juez de la República la capacidad de juzgar a un expresidente con el nivel de incidencia mediática que tiene Uribe Vélez? Estos son algunos de los interrogantes que deberían plantearse la ciudadanía y, por supuesto, la justicia, no solo por tratarse de lo que será, seguramente, el caso más trascendental del año (o de la década) en Colombia, sino por el bienestar del país y la legitimidad de las decisiones judiciales.

Ahora bien, aunque esta decisión se da en el marco de un proceso penal en el que, formalmente, se presentaron todas las pruebas y se respetaron tanto el debido proceso como el derecho a la defensa del acusado, no está siendo valorada, exclusivamente, por la rigurosidad procesal o probatoria con la que se llevó a cabo el juicio, sino por tres factores fundamentales: el impacto, el contexto y la figura política.

El impacto de esta sentencia en el escenario político del próximo año incide notablemente en la forma en que los ciudadanos reciben la noticia: para la izquierda, que se atribuye este triunfo ante la justicia -y que lo ha utilizado para señalar al expresidente por conductas ajenas a los hechos de este caso en concreto-; y para la derecha, que enmarca esta decisión como un atentado contra la independencia judicial y una afrenta a la democracia.

En cuanto al contexto, el hecho de que la condena se produzca bajo el mandato de quien ha sido históricamente el principal opositor político de Álvaro Uribe Vélez, genera para muchos un ambiente de desconfianza respecto a la independencia judicial. Y aunque Gustavo Petro -ni ningún otro- tenga (o deba tener) injerencia en las decisiones de la justicia, muchos ciudadanos pensarán que existe una correlación entre este fallo y quienes ostentan el poder.

Finalmente, está la figura política de Álvaro Uribe Vélez, quien, así como cuenta con un sinnúmero de detractores, mantiene una base de apoyo fiel a lo largo y ancho del país: personas que lo consideran el líder vivo más importante de Colombia.

A pesar de los factores en juego, el deber de la justicia es abstraerse de ellos, y de cualquier otro que pueda condicionar sus decisiones. Sea cual sea el fallo en segunda instancia, ojalá el país representado en sus líderes tenga la templanza para asumir tanto una sentencia que confirme la de primera instancia como una que la revoque, sin generar más conflicto social y polarización política.

@tatidangond