Esta semana el Gobierno destapó las cartas de su propuesta de presupuesto para el 2026. Radicó en el Congreso un proyecto por $556,9 billones, de los cuales $26,3 billones saldrían de una nueva reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda ‘cocina’ en este momento, cuál caramelo envenenado, y en la que contempla incluir desde incrementos de impuestos a empresas y de gravámenes a dividendos, herencias, fusiones económicas y salidas de capital hasta revisiones de exenciones de renta y del IVA. Basta echarle un vistazo a la cuenta de X del presidente Petro para saber por dónde van los tiros de su nuevo embeleco.

La principal alerta es que la iniciativa aumenta el déficit. Así de claro. En una espiral sin techo, los gastos de funcionamiento crecen 11,1 %, frente a los de 2025, mientras que lo destinado a inversión lo hace apenas la mitad, 5,7 %. Entre los sectores con más recortes, deporte y agricultura. Cultura y ciencia, también se quedan en mínimos. Sorprendió, como señaló el Comité de la Regla Fiscal (Carf), que el Gobierno modificara en solo un mes su plan financiero anunciado para 2026: la promesa que hizo de presentar un presupuesto austero.

Este cambio, advierte la entidad, “desdibuja la hoja de ruta fiscal, mina la confianza en las instituciones y dificulta el regreso a la regla fiscal en 2028”, como se preveía, luego de que el Ministerio de Hacienda la rompiera o activara la cláusula de escape para endeudarse sin tener una camisa de fuerza que se lo dificultara. Así las cosas, sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda continuarán deteriorándose de forma acelerada.

Se da como un hecho que el trámite de la iniciativa se convertirá en un nuevo e intenso tira y afloja entre el Ejecutivo y el Congreso. El nivel de tensión que demostraron en la pasada legislatura anticipa otra batalla política épica, de la que muchos no saldrán indemnes. Entre otras razones, porque el Gobierno insiste en recorrer el mismo atajo de difícil tránsito del año anterior, cuando presentó un desfinanciado presupuesto por $523 billones para la vigencia 2025, al que le amarró al cuello la pesada ancla de una tributaria por $12 billones.

El resultado no pudo ser más ruinoso. Por deficitario, las comisiones económicas del Senado y la Cámara se lo hundieron en septiembre, con Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda. Y en diciembre, hicieron lo propio con el proyecto de ley de financiamiento que pretendía cubrir el hueco, defendido por el entonces ministro Diego Guevara. Doble derrota política para Petro, quien desde entonces no pierde ocasión para recriminar a los legisladores su decisión e insistir en que esa tributaria era la panacea para curar los males de la crisis fiscal.

Germán Ávila, el cuarto ministro de Hacienda de este gobierno, que ejecuta a pie juntillas lo que Petro le demanda, tendrá que emplearse a fondo en el Congreso para sacar adelante su desfinanciado presupuesto que viene con la ñapa de la tributaria. A todas luces, parece una estrategia calculada, en la que de forma intencionada incurren en los mismos errores técnicos y políticos de un año atrás, a manera de revanchismo político, para que arda Troya.

Ni cortos ni perezosos, congresistas de oposición e independientes calificaron la propuesta de ‘gancho ciego’, en tanto anunciaron que la votarán en contra. El tintineo del mandatario no se hizo esperar. En una de sus habituales proclamas twitteras de fin del mundo, retomó las presiones sobre el Legislativo y sentenció recortes y más impuestos a diestra y siniestra.

Con un timing electoral tan adverso, en el que los parlamentarios que buscan votos en sus regiones no quieren cargar con el sambenito de ser señalados como los responsables de gravar con más impuestos a la gente, el Ejecutivo debe buscar diálogo, concertación y respeto institucional para construir consensos. Los necesitará para su deficitario presupuesto y sobre la tributaria, bueno…no es aventurado decir que tiene pésimo augurio.

El Gobierno pregona sobre la urgencia de disminuir el grave déficit de las finanzas públicas, lo cual es imprescindible ante la magnitud que ha adquirido la bomba fiscal. Pero no ofrece señales de austeridad ni tiene la menor intención de reducir el gasto burocrático que crece a un ritmo del 40 %. Petro quiere aumentar la base de tributación de lo que llama “sectores del capital”. A la espera de conocer, según su particular visión económica, quiénes son, haría bien en contarles a los colombianos cuál es su plan para garantizar la sostenibilidad fiscal, que es un principio constitucional. Porque sus justificaciones para agrandar el presupuesto y, de paso, el monto de la tributaria y del hueco a tapar, no solo no resultan convincentes, sino que además muestran serios problemas en la planeación fiscal del país. Y así nos tienen.