La institucionalidad colombiana tambalea. En medio del anuncio de una lamentable zona binacional con Venezuela que seguramente fortalecerá la criminalidad, de la injusta condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe, el ministro de justicia Eduardo Montealegre presentó un proyecto de ley de desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales.

Este último aspecto ha pasado de agache en los diversos medios de comunicación por su carácter técnico. Sin embargo, es necesario analizarlo con detenimiento porque de lo que se trata no es de otra cosa que de un indulto velado para sacar presos peligrosos de las cárceles.

Lo he repetido hasta la saciedad, no puede confundirse un proceso de justicia transicional con un proceso de sometimiento a la justicia. En el primero, existen condiciones propias de los acuerdos de paz conforme a los límites que se ha fijado por parte de la Corte Constitucional y de los estándares internacionales. Todo eso armonizado con la tesis que desarrollé en mi tesis doctoral denominada “ El Margen nacional de apreciación” que permite utilizar los tratados internacionales de derechos humanos para adecuarlos a la realidad interna, siempre y cuando se produzcan resultados tangibles para las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es en parte lo que explica la existencia de la Jurisdicción Especial de Paz.

Sin embargo, los procesos de sometimiento son de otro tenor. En ellos se requieren cárcel efectiva, sanciones precisas y sujeción de los criminales a la ley.

Eso no es un invento de hoy, recordemos como en los albores de este siglo, el sometimiento de los paramilitares a la justicia a la luz de la ley 975, terminó siendo fijada bajo el criterio de un procesamiento por el delito de concierto para delinquir.

Evento que marca estos procesos. También debe recordarse que la extinción de dominio fue fundamental para las víctimas. En mis cuatro años de administración, la fiscalía le entregó a las víctimas del paramilitarismo 1.6 billones de pesos, cuando en 14 años solo les habían otorgado 400,000 millones.

Ahora bien, el ministro Montealegre presenta un proyecto de ley al Congreso de la República similar al que rechacé siendo Fiscal General en el 2023, permitiendo que más allá de un sometimiento a la justicia, se establezca un indulto velado para sacar presos peligrosos de las cárceles. Entre los puntos más complejos del proyecto se destacan cinco. El primero, la creación de tipologías de grupos para beneficiarlos con normas penales favorables. El mismo gobierno definirá esos grupos. Un segundo aspecto, permite que los delincuentes de lesa humanidad logren la libertad si al menos han estado en la cárcel 5 años. Un tercer punto, favorece a los delincuentes que fueron condenados por la justicia en el estallido social, permitiendo una rebaja de la pena de un 70% de sus sentencias. Un cuarto punto se refiere a que las audiencias y los lugares de reclusión, en caso que los haya, serán donde estén los sindicados y no en los juzgados. Y, para rematar, permite que el 12% de los bienes mal habidos puedan ser conservados por los delincuentes si colaboran con la justicia. Una operación masiva de lavado de activos.

Lo grave del asunto no solo está atado a lo absurdo del proyecto, sino al engaño de Petro y Montealegre a las estructuras criminales. No les han dicho que para pasar ese proyecto se requiere que sea a través de leyes estatutarias o incluso de actos legislativos porque el proyecto desconoce múltiples normas constitucionales.

El último año del gobierno Petro es clave para que nuestras instituciones se preserven y que quede algo de oxígeno para el 2026.

Ex fiscal general de la Nación

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

@FGFBarbosa