No es una película. Es una novela macondiana que protagoniza el Grupo Argos S.A contra el periodista y columnista del diario EL HERALDO, Horacio Brieva recientemente denunciado por esta empresa ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de pánico económico, injuria y calumnia.

Cuenta con el fondo musical de la famosa canción Burundanga de Celia Cruz, y muchos actores importantes que le responderán a la Fiscalía por el deterioro ambiental del proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín.

El Grupo Argos es un conglomerado con grandes inversiones en infraestructura en Colombia, negocios de energía, concesiones viables y cementeras regadas por todo el país. También cuenta con operaciones comerciales en EE.UU, Panamá y otros países en Centro América. Produce empleos, pero también contaminación y daños ambientales donde las autoridades no ejercen vigilancia estricta, desconociendo así la función social y ecológica de la propiedad tal como lo establece la Constitución Política en sus artículos 8 y 333.

Los tres delitos que le endosan al periodista necesariamente deben tener el elemento dolo, para que la conducta sea sancionable. Según la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicación #38254 de julio 4 de 2012, “el dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la vertiente interna del sujeto, en su universo mental. En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización”. Su actuación es de vigilancia de lo público.

Para el caso sub examine, el columnista ha basado sus escritos en los estudios provenientes de los POMCA 2007 y 2017 del PBTO del municipio de Puerto Colombia y de los Planes parciales de la Ley 388 de 1997. Además, se sabe que el Grupo Argos tiene aprobado en Ciudad Mallorquín, proyectos de más de 16.000 apartamentos desconociendo el impacto ambiental, de la movilidad, el agua potable, el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de basuras.

Esta denuncia penal es una ‘papa caliente’ donde seguramente la Fiscalía vincularía a personajes importantes de la vida política regional, como Alcaldes, Concejales de Barranquilla y Puerto Colombia, Secretarios de Planeación de ambos municipios y a la autoridad regional ambiental -CRA- para que aporten documentos técnicos sobre esos POT y las licencias de urbanismo otorgadas a los constructores que ha provocado la destrucción del ecosistema que algunos llaman “rastrojo o matorral” de poco valor ambiental.

@FcuelloDuarte