Como es sabido, la Procuraduría General de la Nación demandó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a los ministerios de Ambiente y Vivienda, a la CRA, al departamento del Atlántico, al municipio de Puerto Colombia, al Área Metropolitana y a la Triple A, por no proteger los derechos colectivos a un ambiente sano, a unos servicios públicos oportunos y eficientes y a un desarrollo urbano respetuoso de las disposiciones jurídicas en el caso de Ciudad Mallorquín.
Y así como la abogada María Correa y este columnista presentamos una coadyuvancia de 98 páginas que con sus 24 anexos totaliza 569 folios, para respaldar a la PGN, también el abogado barranquillero Javier Ramírez Gómez radicó una coadyuvancia, pero en favor de los demandados. El doctor Ramírez afirma en su impugnación de 28 páginas a la acción popular de los procuradores Gustavo Guerrero y Carlos Arrieta que las entidades demandadas demostraron “con suficiencia técnica, documental y normativa la legalidad y pertinencia de sus actuaciones”. Haré un brevísimo comentario a las contestaciones de estas entidades que el abogado resumió en su escrito.
1.La CRA. La concertación ambiental de los planes parciales de Ciudad Mallorquín se basó en el Pomca 2017 que hoy está siendo revisado y ajustado porque a su amparo fue posible un grave arrasamiento forestal.
2.La Triple A. Nunca debió entregar disponibilidades de servicios públicos y solo por la presión ejercida decidió no seguir otorgando certificados de disponibilidad en Puerto Colombia a nuevos proyectos de construcción.
3.El ministerio de Ambiente. Es verdad que creó una Comisión Técnica Interdisciplinaria que produjo un buen informe sobre la ciénaga de Mallorquín. Pero de ahí no pasó.
4.El departamento del Atlántico. En efecto, concurre en la ejecución del Acueducto Regional del Norte. Lo que hemos sostenido es que mientras entraba en operación no debieron entregarse disponibilidades de acueducto en Puerto Colombia porque no está en capacidad de atender la demanda municipal de agua ni siquiera con el apoyo de la Triple A.
5.El ministerio de Vivienda. Jamás explicó los subsidios a Ciudad Mallorquín, un proyecto lesivo a la naturaleza.
6.El Área Metropolitana. Esta sostiene que no ha incurrido en inacción institucional, pero que sepamos su acuerdo sobre un hecho metropolitano como la ciénaga de Mallorquín no ha tenido efectos reales en su protección.
7. El municipio de Puerto Colombia. Este argumenta que los planes parciales aprobados a Ciudad Mallorquín se avienen a su PBOT. Pero no admite que validó un proyecto de Vivienda de Interés Social en alturas no permitidas.
@HoracioBrieva
