Comencemos por el concepto, que es lo único bueno, para dejar lo malo a la ilegalidad y el cinismo a la discriminación de la manera como se ha pretendido aplicar la valorización en la llamada “Vía al mar” o “Ruta costera” que une a Barranquilla y Cartagena. Las vías nacionales fueron construidas por siglos a cuenta del erario nacional, como las ejecutadas por el INVÍAS, que dicho sea de paso tienen un tramito de 10 kilómetros de doble calzada en la Vía al mar, de nunca acabar.

Pero desde hace más de 15 años surgieron esquemas de concesiones como los de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En este caso un trípode financiero viabiliza los proyectos: el concesionario, que hace la inversión inicial y la recupera por conducto de los otros dos: los usuarios que pagan los peajes y la ANI que cierra las brechas en el nivel de tráfico con vigencias futuras del gobierno nacional y hacen sostenible la operación y el mantenimiento. Sería equitativo y conveniente que los dueños de los predios por donde pasa una obra, que se valorizan con la misma, constituyan un cuarto apoyo de una mesa financiera en la estructuración de los proyectos. Bienvenidos serán cuando se haga desde su inicio y cumpliendo las leyes, normas y criterios existentes.

Lo malo viene por la inconstitucionalidad al pretender que el gobierno nacional destine los recursos de valorización a su discreción, convirtiéndolo así en un impuesto sobre un bien inmueble, que solo podrían cobrar los municipios. Y por la ilegalidad en la retroactividad en el cobro. La ley estableció que la valorización se podría aplicar antes y durante la ejecución de un proyecto. La reforma tributaria de 2023 agregó que podrá aprobarse hasta 5 años después del inicio del proyecto, pero aún si este cambio no fuese inconstitucional, se aplicaría a proyectos posteriores a 2023, no a los anteriores.

El cinismo viene por cuenta del Ministerio de Transporte que aduce para el atropello de este “plan piloto” el principio de la convergencia nacional. Dos de los departamentos pobres del país, todos los del Caribe lo son, financiando obras en el interior. Entre las tres ciudades puerto del Caribe, separadas por solo 200 km. no hay una vía en doble calzada. Hay que ver cientos de kilómetros de ellas en el altiplano cundiboyacense, en el eje cafetero, en los cañadulzales del norte del valle, en las autopistas de la prosperidad antioqueña. Más creíble sería aducir el principio oculto pero vigente de la divergencia nacional.

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