Como antes lo habíamos anticipado, con 49 votos por el “No” y 47 por el “Sí”, el Senado hundió la propuesta del Gobierno para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral. Recordemos que esta reforma ya había sido archivada en la Comisión Séptima, y que el Ejecutivo intentó revivirla apelando a un mecanismo extraordinario de participación ciudadana. Pero esa vía también resultó fallida, y no sin razón: la consulta popular no es el camino idóneo para sustituir el debate parlamentario sobre una reforma estructural y compleja.
Más allá del resultado, lo que debe preocuparnos son los mensajes que desde el propio Gobierno se han lanzado contra el Congreso y sus decisiones. El presidente advirtió públicamente que todo congresista que vote en contra de la consulta sería “expuesto ante la ciudadanía”. El ministro del Interior, por su parte, llegó a insinuar que si el Congreso no se pronunciaba, el presidente quedaría habilitado para convocar la consulta directamente, y calificó como “torpeza” impedirle al pueblo expresarse.
Este tipo de afirmaciones no fortalecen el diálogo democrático, sino que introducen un tono de amenaza y presión que distorsiona el papel de los legisladores. Una cosa es defender con vehemencia una idea, y otra muy distinta es sembrar la narrativa de que quien no la apoye es enemigo del pueblo. Esa lógica confusa no solo es injusta, sino peligrosa para la salud institucional.
También hay que preguntarse qué pasará ahora con esas advertencias. ¿Se cumplirá la promesa de señalar a quienes votaron en contra? ¿Se insistirá en convocar la consulta a toda costa, pese a la negativa del Congreso? El respeto por el orden constitucional implica aceptar que hay decisiones que no favorecen al Gobierno, pero que forman parte del juego democrático y del equilibrio de poderes que tiene una razón democrática de existir.
El presidente no puede desconocer lo que expresó el Congreso. Porque eso, precisamente, también es democracia: la posibilidad de que distintos poderes del Estado deliberen, se expresen y se controlen mutuamente. No podemos permitir que se castigue a los órganos que no se alinean, ni que se tache de enemigos del cambio a quienes cumplen con su deber constitucional. El voto de los colombianos es importante y se manifiesta no solo en elegir a un presidente, sino también al congreso.
Cuando la voluntad del Congreso se convierte en un obstáculo que debe sortearse por otras vías, en lugar de un interlocutor válido, algo se rompe en el equilibrio democrático. Gobernar implica dialogar, persuadir, aceptar y construir.
@CancinoAbog
