En nuestro país, la fe notarial está considerada como un servicio público dirigido por la Superintendencia de Notariado y Registro, prestado por los notarios cuyo propósito es otorgar autenticidad a las declaraciones realizadas por los ciudadanos ante ellos; las cuales, por el ministerio de la ley, quedan provistas de autenticidad ante los principios universales de la buena fe. Esta fe notarial, también conocida como fe pública, garantiza la validez jurídica de los actos y documentos que se realizan ante el notario: registros de nacimiento, de matrimonio, de defunción y las escrituras públicas para la transferencia y enajenación de inmuebles o bienes sujetos a registro, si es el caso.

El poder y la dignidad de los notarios los convierten en personajes de la vida pública, hombres y mujeres que entregan su vida a garantizar que los actos más sublimes en la vida de los colombianos se hagan bajo la ley y la buena fe. Los notarios son designados casi de manera vitalicia; su edad de retiro es la misma de los servidores públicos.

Esta profesión requiere, como requisito, que el aspirante a notario tenga el grado de abogado, conozca la ley y la constitución; que sea un ciudadano ejemplar, guardián de la buena fe, de la fe pública.

El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra; pero enterarse de que prestigiosos notarios se ven envueltos en escándalos de corrupción, en despojo o robo de tierras, es un hecho inaceptable; lamentable para la democracia y para la credibilidad de nuestras instituciones. Si bien es cierto que la corrupción está presente en todos los círculos políticos y sociales, es inaceptable que un servidor público investido con la dignidad de notario se convierta en un actor de delitos desde el ejercicio de sus funciones.

También es inaceptable que funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, encargados de llevar el control y el registro de las matrículas inmobiliarias de los inmuebles, se conviertan en miembros de bandas organizadas que conciertan para delinquir.

Ser funcionario o servidor público es un privilegio. Gozar de una estabilidad laboral y tener en sus manos el deber de contribuir al buen funcionamiento del estado social de derecho no puede ser desviado por la comisión de delitos. El robo de tierras lleva implícitas actividades criminales como el homicidio, el desplazamiento, la violencia.

Estoy convencido de que, en poco tiempo, actividades de registro de inmuebles y el ejercicio del notario serán desplazados por la inteligencia artificial y la tecnología. A pesar de que vivimos en un país donde hecha la ley, hecha la trampa, es inaceptable que servidores públicos y notarios utilicen sus cargos para defraudar y tristemente terminen convertidos en delincuentes.