La declaratoria de la conmoción interior terminó siendo una trampa. No solamente como lo advertí, las razones para esa decisión no son precisas porque no se advierte la gravedad o urgencia o la explicación por la cual las medidas y normas ordinarias serían insuficientes para sortear la crisis que se vive en el Catatumbo sino que fue evidente que el gobierno permitió el control territorial, en esta y muchas otras zonas del país, de los delincuentes con la paz total.

Advertí como Fiscal General, hasta la saciedad que en esas zonas los asesinos de los líderes sociales terminaron siendo premiados como gestores de paz y sus órdenes de captura terminaron siendo simbólicas, que retirar a la fuerza pública iba a traer problemas en la comunidad y que no podía el Estado ir desapareciendo. Se creyó que gobernar era echar discursos y ya. De eso quedó un Catatumbo con 52,000 desplazados, 52 muertos y 52,000 hectáreas de coca como constancia del trabajo de Gustavo Petro para acabar ese territorio. Ese trabajo constante no lo cogió por sorpresa ni a él, ni a los que lo advertimos, pero sí a los ciudadanos engañados que le creyeron sus mentiras en ese territorio y en otros más en el país.

Pero el detalle estaba en los decretos que desarrollaron la conmoción y que esconden dos trampas. La primera la búsqueda de impuestos que no se aprobaron en el proyecto de ley de financiamiento que el Congreso de la República negó el año pasado y, en segundo lugar, la inclusión de la “extinción de dominio exprés” que ya había sido negada también por el legislativo por el trámite ordinario tanto en la ley del plan de desarrollo como en la reforma agraria.

En cuanto a la primera, la viceministra de Hacienda anunció que con la conmoción interior buscarán recaudar impuestos por 1,06 billones de pesos derivados de un IVA a los juegos de suerte y azar, una contribución del sector de exportaciones de carbón, petróleo y un impuesto de timbre. Estas medidas también fueron rechazadas por el Congreso de la República por vía ordinaria y que ahora se pretenden meter por la puerta de atrás. Se espera la expedición de los decretos pero estamos advertidos.

Sobre la expropiación exprés, el gobierno pretende que no advertimos las trampas que día a día tratan de dejar sembradas en medio de sus normas reglamentarias. En el decreto de excepción 108 se busca acelerar los procesos de adquisición de tierras “para garantizar los procesos de retorno y estabilización de las víctimas”. Lo lamentable es que por vía de la excepción se busca atentar contra la propiedad privada y habilitar la expropiación administrativa bajo los criterios de la “política nacional de gestión de desastres”.

Según el decreto se puede privar a una persona de su propiedad, no a través de los jueces agrarios sino a través de un procedimiento administrativo, apelando a las razones de la conmoción. Esta figura deberá ser rechazada por la Corte Constitucional no solo porque no se justifica una transformación integral de la figura de la extinción de dominio en el sistema jurídico para resolver un problema en una zona del país, sino porque no debe perderse de vista que la extinción administrativa al omitir el proceso judicial está interrumpiendo el normal funcionamiento de la rama judicial, limitación expresa contenida en el artículo 214 de la Constitución Política para los estados de conmoción.

Esta tragedia del Catatumbo, se puede enfrentar si Petro asume un rol de defensa de la institucionalidad. Para ello, debe trabajar de la mano con las autoridades locales. Entregar los recursos de las regalías para ayudar a gestionar la tragedia y articular tanto con las autoridades de los departamentos de Santander como del Cesar las acciones a tomar frente a los desplazados. Lo demás es mera improvisación.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)