El proceso de paz con las Farc ha generado tantas contradicciones que su inventario bien serviría para poblar el Museo de la Incongruencia. Y la exhibición principal tendría que reservarse para la peregrina idea, presentada esta semana, de insertar los acuerdos con la guerrilla en el llamado ‘bloque de constitucionalidad’ del país. Por esa vía, culpables de despreciables crímenes, además de ser indultados, tendrán privilegios que a ningún otro miembro de la sociedad cobijan.
En nuestro país, el ciudadano común y corriente tiene pocas garantías frente a la justicia. Su suerte puede terminar fácilmente en manos de falsos testigos, fiscales corruptos o jueces politizados, amén de la consabida ineficiencia del sistema judicial. A un terrateniente legítimo cualquier día lo expropian con un documento adulterado o una reclamación trucada. Los funcionarios públicos, hasta los más honrados, suelen terminar enmarañados en penosas investigaciones. Y a los empresarios e inversionistas no les va mejor. Se arriesgan a cambios en las reglas de juego, a reformas tributarias cada dos o tres años y a revocatorias de licencias previamente aprobadas (por lo que después demandan al Estado y pagamos todos). En otras palabras, ninguna persona, natural o jurídica, goza de verdaderas garantías judiciales.
Con una excepción. Pues gracias al blindaje constitucional que se le piensa dar a las Farc, sus entre 5 y 10 mil combatientes (no se sabe a ciencia cierta cuántos), en virtud de haberse embarcado en el catamarán de la paz, disfrutarán de la seguridad jurídica que habitualmente se le viola al resto de los 48 millones de habitantes de la nación. Como correctamente dijo una cuenta de Twitter afín a la guerrilla, “ni una coma” del acuerdo podrá ser modificada, jamás. El Congreso tendrá que aprobarlo tal y como venga de La Habana, sin objeciones.
Desde que se conoció la estratagema, el jueves, importantes legisladores y constitucionalistas, incluyendo a varios que apoyan el proceso de paz, han expresado su desacuerdo, cuando no su desconcierto. Y a sus preocupaciones jurídicas hay que añadir otra, de índole financiera.
El llamado ‘posconflicto’, bien lo sabemos, costará dinero. Cuánto, nadie lo sabe, pero como mínimo varias decenas de billones de pesos que, hoy, Colombia no tiene. Saldrán de nuestros salarios futuros y de los bolsillos de nuestros hijos y nietos. Por estar dentro del bloque de constitucionalidad, esos gastos serán prioritarios, tenga o no tenga el país la capacidad de asumirlos. No importa que hagan falta recursos para la salud, la educación, la infraestructura o las pensiones. Las garantías prometidas a un puñado de exguerrilleros quedarán por encima de las demás necesidades de la nación.
Dirán algunos que tales peripecias jurídicas son necesarias para lograr la paz. Pero no deja de ser insólito que, mientras que los ciudadanos de bien y las empresas legales —quienes, a diferencia de la guerrilla parasitaria, generan empleo legítimo y prosperidad— deben subsistir en la permanente zozobra de la inseguridad jurídica del país, a la tripulación del catamarán sí podamos garantizarle —a nivel constitucional, nada menos— un viaje tranquilo y sin obstáculos a la navegación.
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