En febrero de 2012 la entonces ministra de Salud Beatriz Londoño hizo referencia a tres asuntos que ella denominó como “intolerables” que estuviesen ocurriendo en Colombia. El primero de esos “intolerables” fue el reporte de 2.122 niños que nacieron con sífilis congénita en el año anterior y que si se hubiesen tomado las medidas mínimas de adecuados controles durante la gestación de las mujeres embarazadas se hubiese podido diagnosticar mediante exámenes de gran simplicidad la enfermedad en dichas mujeres, y con un tratamiento sencillo se hubiese podido brindar a esos 2.122 niños una condición distinta al nacer.
El segundo “intolerable” se relacionó con la tasa de mortalidad de las maternas, cuando evidenció que un alto porcentaje de estas muertes pudieron haberse evitado si se hubiesen practicado el número adecuado de consultas de control durante el embarazo, así como la realización de los exámenes necesarios para monitorizar a estas mujeres, lo que llevó a que durante el 2011 se murieron 511 mujeres, cifra que conllevó a una mortalidad materna que bien pudo haberse evitado.
Y el tercer “intolerable” mencionado por la ministra fue el relacionado con los pacientes que diagnosticados con VIH y con requerimientos para recibir los tratamientos correspondientes que debían ser tratados, estuviesen sin recibir precisamente esos tratamientos que les podría permitir mejorar su calidad de vida y el manejo de la enfermedad.
En este año se han conocido los resultados de un nuevo estudio realizado por la Facultad de Salud Pública Héctor Abad Gómez, de la Universidad de Antioquia, Colciencias, la Universidad Nacional de Colombia, la University of Illinois at Chicago, y la Universidad Santo Tomás, de Medellín, titulado “Tensiones en las decisiones en Salud Pública en el sistema de salud colombiano: el bien común en confrontación con los intereses y prácticas particulares”, y que se ha publicado en el presente 2014. Dicho estudio concluye que “en Colombia hay tres indicadores “intolerables” en salud pública: la mortalidad materna es de 74,9 por cada cien mil nacidos vivos, con una inflexión en su descenso en el 2010, la presencia de sífilis congénita y el aumento de niños con bajo peso al nacer en la última década”.
En otras palabras, lo que en su momento la entonces ministra Londoño llamó “intolerables”, tiempo después esos mismos asuntos siguen estando presentes, lo que demuestra la fragilidad de la salud pública en Colombia, con referentes comparativos en el citado estudio “como Chile, donde se observa que la mortalidad materna es de 17,3 defunciones por mil nacidos vivos, esto es casi cuatro veces y media menos que en Colombia”. El estudio también muestra la tendencia al alza del VIH-sida, con una alta prevalencia de transmisión madre-hijo, lo que indica una falencia significativa en el monitoreo de las gestantes, pues a solo un 60% de ellas se les realiza la prueba.
Sin haberse podido intervenir esos “intolerables” que ya estaban presentes en Colombia hace un tiempo, genera aún mayor preocupación que también siga vigente un hecho “inaceptable” como es el desvío de los recursos públicos de la salud, limitándose y restringiéndose de esta forma el acceso a los servicios de salud de los colombianos que los demandan y requieren. Humildemente creo que todo esto invita a una sana y desapasionada reflexión sobre lo que han sido los resultados de los 20 años que lleva el modelo de aseguramiento en Colombia, el desarrollo de la política de salud pública en el país, el grado de cumplimiento de las obligaciones que tienen los diferentes actores que intervienen en el sistema de seguridad social en salud, pero ante todo a revisar si este sistema es rescatable o si, por el contrario, amerita estructurarse una propuesta diferente y fresca que sí les garantice a todos los colombianos el goce de los beneficios del derecho fundamental de la salud.
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