Justo cuando el pueblo colombiano exige la mayor claridad informativa sobre lo que pasa con su sistema de salud y lo que será el futuro de este sensible sector con la ola reformista del 2013, en las últimas semanas se han evidenciado preocupantes contradicciones en algunas esferas del Gobierno que en nada contribuyen a generar tranquilidad a los ciudadanos sino que precisamente generan desconfianza frente lo que el ejecutivo informa o propone para el sector salud colombiano.
La primera contradicción se relaciona con lo que será el inmediato futuro de Caprecom, que es la EPS del régimen subsidiado más grande del país, y que según el superintendente Nacional de Salud tiene múltiples dificultades administrativas y financieras, como exagerada burocracia, balances que evidencian un valor negativo cercano a los 440.000 millones de pesos, deudas que bordean los 750.000 millones de pesos, de las cuales el 76 por ciento son superiores a los 90 días y que por cada peso que tiene, esta EPS adeuda 314 pesos. Obviamente estas circunstancias conllevan a que la prestación del servicio a los afiliados diste mucho de la responsabilidad que debe cumplir una agencia de aseguramiento del régimen subsidiado en garantizarle el derecho a la protección y la atención en salud a sus usuarios. Por ese motivo, el mismo superintendente dijo hace unos meses que Caprecom estaba desde el 2010 en causal de liquidación.
Sin embargo, a pesar de esa realidad sobre la inviabilidad de la EPS, la amenaza que eso significa para la salud de sus usuarios y la necesidad de aplicar la normatividad existente frente a esas circunstancias, el pasado 15 de noviembre la Superintendencia Nacional de Salud le impuso a Caprecom EPS un programa de recuperación, que es una medida preventiva contemplada en el Estatuto Financiero, que tiene el propósito de evitar que la EPS incurra en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios. Así las cosas, Caprecom deberá presentar al fin de este mes ante la Supersalud, un plan de corto y a mediano plazo que permita superar las deficiencias de la EPS, y que deberá ejecutarse en el plazo máximo de un año.
Los ciudadanos se preguntan si con ese plan de ajuste propuesto por la Supersalud no se prolongará la violación al derecho a la salud de 3,4 millones de personas afiliadas a Caprecom, y si no se estarán exponiendo a que se pierdan los multimillonarios recursos financieros que recibirá la EPS mensualmente durante este año que durará ese plan.
Otra contradicción se relaciona con el tema del dengue en Colombia. La semana anterior el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del viceministro de Salud y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz, manifestó a la opinión pública que en estos momentos no existe epidemia de dengue en el territorio colombiano, asegurando que lo que existe es un brote de dengue en 76 municipios, que registran más del 70 por ciento de los casos. Sin embargo, solo unos días antes de esa negación de epidemia por parte del Ministerio, el Instituto Nacional de Salud (INS), que precisamente es la autoridad institucional del Estado en este tema, informó a los medios que el dengue es una enfermedad cuya “incidencia se ha ubicado en nivel de epidemia” en todo el presente 2013, con 129 muertes por esta causa y 34 más que están por confirmarse.
Mientras se dirimen las controversias de la no aplicada liquidación a Caprecom y si hay o no hay epidemia de dengue en Colombia, los colombianos seguimos en la incertidumbre sobre el presente y futuro del sistema de salud…en medio de todas esas contradicciones.
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