Los colombianos están viviendo el proceso reformista del sector salud cada día con un nuevo ingrediente…esta vez la opinión pública ha evidenciado cómo los legisladores reiniciaron juiciosamente las discusiones en el Congreso sobre el proyecto de ley ordinaria de salud, justo después que mediante decreto presidencial se les asignaran nuevos ingresos como parlamentarios, lo que algunos medios han denominado la ‘mermelada motivacional’ que les incentivó las ganas de volver a sus sillas de trabajo y aprobar de una vez por todas la reforma de iniciativa del ejecutivo.

Esta vez no pretendo cuestionar los textos de la reforma, es decir, ni el proyecto de ley ordinaria que otra vez se discute en el Congreso una vez se aprobaron los impedimentos que bastantes legisladores presentaron por tener nexos con el sector salud o haber sido financiados en sus campañas políticas por entidades de este sector, como tampoco el texto de la ley estatutaria de salud que aprobó el Congreso en el primer semestre de este año y que justo ahora está en revisión en la Corte Constitucional.

Esta vez será un análisis más simple, un análisis práctico… Muchas personas se preguntan si con la reforma que se está adelantando, efectivamente habrá o no habrá un beneficio significativo para los usuarios de los servicios de salud. Si lo que se está revisando en la Corte como ley estatutaria les garantiza a los usuarios que la salud es un derecho fundamental o simplemente será una ley más de las mismas que ya existen y si continuarán los problemas para el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios. Se preguntan también si con esa ley estatutaria se acabará el peregrinaje que actualmente deben realizar los pacientes y sus familiares para poder recibir la atención que los primeros requieren y la información y la tranquilidad que los segundos demandan.

La sociedad colombiana también se pregunta si con la ley ordinaria que actualmente se discute nuevamente en el Congreso -después del pulso de poder que tuvieron los parlamentarios y el gobierno y que parece terminó siendo ganado por los primeros por la famosa ‘mermelada motivacional’ que el segundo les tuvo que dar-, los usuarios de los servicios de salud no sufrirán más las consecuencias derivadas de la cuestionada integración vertical que se está aprobando para que algunos aseguradores también sean prestadores al mismo tiempo y terminen atendiendo a los afiliados en sus propias clínicas. La gente por ello se pregunta si con esa integración vertical que ya está aprobada en la ley ordinaria, los pacientes no seguirán siendo sujeto de las dilaciones y las negaciones de servicios para que por la entrega de servicios en esas clínicas, no se esté afectando la utilidad de los aseguradores así integrados.

Tampoco hay aun respuestas claras para otros interrogantes como por ejemplo, si concentrar todos los billonarios recursos en un solo ente (SaludMía), no será un factor favorecedor de la reaparición de la corrupción o a la permeabilidad a la politiquería y se repitan las tristes historias de desvíos de los recursos públicos de la salud que hoy tienen sumido a este sector en una megacrisis, o si los gestores de salud serán las mismas pseudoaseguradoras de hoy y sólo sufrirían un cambio de letrero en su denominación actual. O qué ocurrirá con la designación de los gerentes de los hospitales públicos…si se volverá a los esquemas anteriores de la ‘dedocracia’ política territorial o si no se hacen los ajustes del caso para que los actuales ejercicios de meritocracia para esa designación se corrijan y se garantice que quienes lleguen a manejar las empresas sociales del estado encargadas de darle atención a las personas, realmente sean los mejores.

En últimas Colombia no quiere más leyes en salud que aumenten la ya abundante obesidad normativa existente al respecto…¡Colombia lo que quiere es salud! Pero realmente no veo que lo que se está aprobando lo garantice.

Por Ulahy Beltran López
@ulahybelpez