Marchas: La semana en la que el pueblo alzó la voz
¿Qué quedó tras las multitudinarias manifestaciones que se registraron en el país desde el pasado 21 de noviembre? ¿Cuál es alcance, son democráticas, hay que regularlas, hacen parte de la ola latinoamericana?
Sin duda el hecho de 2019 en Colombia fue el paro nacional del pasado 21 de noviembre, que generó una respuesta multitudinaria y espontánea de la ciudadanía en todo el país, que dejó un toque de queda y militarización en la capital al día siguiente y como no ocurría desde 1977, y cuyos clamores llegaron hasta el Palacio de Nariño, el Congreso y la comunidad internacional.
La manifestación además agrupó una variopinta y masiva concurrencia porque el Comité Nacional del Paro se conformó con distintos sectores sociales y sobre diversos reclamos: los anuncios de reformas laborales y pensionales, la recién aprobada reforma tributaria y sus gabelas para empresarios, los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos y la muerte de niños en bombardeos oficiales, las posturas confusas del Gobierno en medio de la implementación del proceso de paz, los recursos para la educación superior y la corrupción, el cumplimiento de los acuerdos con campesinos e indígenas y las políticas ambientales que pasan por la promoción del glifosato y el fracking.
No ha sido ajena la marcha tampoco a los desmanes, las agresiones de la fuerza pública y de los manifestantes, los daños a las edificaciones e infraestructura pública como estaciones de transportes masivos, los saqueos, las afectaciones de la movilidad, las detenciones arbitrarias e, incluso, una campaña de pánico que tuvo lugar sobre todo en Bogotá y Cali durante los dos primeros días de protestas y de la que no se han esclarecido sus orígenes.
De todos estos enfrentamientos, el doloroso símbolo resultó siendo Dilan Cruz, un joven bogotano de 18 años que padeció una muerte violenta a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que le disparó a la cabeza con munición convencional mientras se manifestaba en el Centro de la capital el pasado 24 de noviembre.
Por lo demás, se cuenta un saldo de más de 700 heridos, de los cuales casi que la mitad corresponde a uniformados y la otra mitad a integrantes de la protesta; al menos 200 arrestos de manifestantes y la expulsión del país de varias decenas de ciudadanos venezolanos señalados de actos vandálicos durante el paro.
Figuras públicas y artistas que no habían sido directamente relacionadas antes por los colombianos con reivindicaciones sociales también asumieron cierta vocería tanto en las redes sociales y los medios de comunicación como en las calles. Tal es el caso del samario Carlos Vives, la cordobesa Adriana Lucía, la chocoana Goyo, el paisa Juanes, los bogotanos César López y Alejandro Riaño y hasta la señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal.
Ante las nutridas marchas del 21 y el sonoro y espontáneo ‘cacerolazo’ del 22, el presidente Iván Duque convocó la “Gran conversación nacional” con diferentes mesas temáticas relacionadas con los asuntos en protesta, pero el Comité del Paro se negó a participar de tal y solicitó al Ejecutivo una mesa aparte para discutir los 13 puntos del pliego de peticiones.
La vocería de las marchas la asumió Diógenes Orjuela, presidente de la CUT y los delegados de Palacio son Diego Molano, director del Dapre y el exvicepresidente Angelino Garzón.
Los 13 reclamos, de los que la semana pasada surgieron 104 puntos, que fueron catalogados por Molano como una “constituyente”, son básicamente: el retiro de la ya aprobada reforma tributaria, la derogatoria del holding financiero, la anulación de la circular sobre estabilidad laboral reforzada, la disolución del Esmad, la abstención del trámite de las reformas pensional y laboral, la no enajenación ni privatización de bienes del Estado, el cumplimiento de los acuerdos con varios sectores estudiantiles y campesinos, la revisión de los TLC, la implementación de la paz, el trámite vía legislativa de los proyectos anticorrupción, derogatoria del impuesto de Electricaribe y definición de las políticas ambientales.
Desde que llegó a su cargo, el exministro de Defensa Guillermo Botero planteó la necesidad de “regular la protesta social”, lo que de inmediato generó polémica entre la opinión pública.
De hecho, en medio del paro la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló de la posibilidad de una ley estatutaria al respecto y se escucharon voces desde el Gobierno acerca de supuestas infiltraciones de las manifestaciones por parte de grupos ilegales y de gobiernos contrarios como Venezuela y Rusia.
La semana pasada se conoció el borrador de un proyecto de ley al respecto, que aunque reivindica la protesta como derecho fundamental y hace énfasis en la movilización pacífica, trae una serie de obligaciones y responsabilidades que pueden acrecentar la controversia.
La autoría es del senador conservador Juan Diego Gómez y advierte que cualquier manifestación permeada por vandalismo o violencia será declarada ilegal, que los promotores y participantes deben garantizar que no haya afectaciones, estaría prohibido obstruir una vía por más de 10 horas, no se permitirá la participación de encapuchados o de quienes no permitan ser identificados, los organizadores deberán adquirir una póliza de seguros que cubra los daños, la Policía podrá usar armas de electrochoque, habrá multas de $4 a $82 millones para los vándalos, los autores de los desmanes podrán perder becas estudiantiles, habrá un Fondo para la Democracia de hasta $42 millones para indemnizar a afectados y no podrá haber marchas a menos de 500 metros de hospitales, puertos, aeropuertos y bienes considerados patrimonio cultural
La llamada ‘primavera latinoamericana’, como han sido denominadas las protestas en esta parte del continente durante 2019, es una serie de ejemplos crecientes de desobediencia civil por temas diversos, generalmente vinculados al rechazo a medidas de austeridad o corrupción política.
Las manifestaciones vienen después de un periodo de prosperidad de principios de la década de 2000, en que acciones gubernamentales han dictado medidas de austeridad y ha cundido el pánico por la crisis social y económica de Venezuela. Así una de la causa más fuerte de protestas, indican analistas subrayando que es un elemento unificador exclusivo de América Latina, fue un período de recesión económica y/o inestabilidad luego de un auge en los primeros años del siglo XXI.
Las protestas se han desatado en Haití, Ecuadro, Bolivia, Chile, Honduras, Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala y El Salvador.
En este sentido, John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, le dijo a EL HERALDO que “el movimiento de protesta en Colombia necesariamente está inscrito en un contexto regional y normalmente se compara con lo que sucedió en Chile y Ecuador y colateralmente con lo que sucedió en Bolivia, en ese contexto la ofensiva inicial de la protesta fracasó si lo comparemos con Chile y Ecuador, que en 48 horas tenían acorralado al gobierno y aquí el país se seguía moviendo”.
Recuerda Marulanda que “protestar es una manera legítima de cualquier sociedad organizada para hacerle sentir a los gobernantes lo que tal vez la gente que los rodea no les permite ver. En el caso de Colombia el presidente Duque con sus permanentes giras por el país, por más que esté rodeado o aislado como sucede en estos cargos, tiene que darse cuenta de lo que la gente necesita y eso lo demuestra en su apertura al diálogo. Desafortunadamente, en la parte violenta que forma parte de la tradicional lucha política marxista-leninista que contempla todas las formas de lucha, la violencia es la que ejerce más presión sobre los gobernantes por la reacción de la fuerza pública. Eso no es de ahora, lo nuevo son las redes sociales para generar emociones sin raciocinio que llevan a que se argumenten cosas absurdas y se use la violencia. Esto ha llevado a que se ataque a las fuerzas como el Esmad pero es evidente que no se puede desaparecerlo pero sí mejorarlo”.
De otra parte, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, le dijo a EL HERALDO, haciendo un balance de las protestas hasta este momento, que “lo bueno han sido la organización y el apoyo de organizaciones de diversos orígenes que demuestran el cambio de sujetos que demandan reformas progresivas de realización de igualdad en diversos ámbitos que superan el marco tradicional de conflictividad sectorial en Colombia”.
De otro lado, advierte el experto que lo malo ha estado en “la ausencia de mecanismos efectivos de diálogo social y concertación social que demuestra el necesario rediseño de los métodos de gobierno en Colombia para incluir espacios de participación social. En este contexto hubiera sido deseable enviar un mensaje de concertación social a través de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, llegando a un acuerdo en materia de salario mínimo que reconociera la pérdida de poder adquisitivo en la historia de la remuneración de los trabajadores en nuestro país acordada en forma tripartita”.
Y concluyó que “lamentablemente la fijación unilateral del gobierno envía un mensaje contrario a la prevalencia del diálogo social en materia de fijación de estándares laborales en nuestro país”.
