JEP rechaza el sometimiento de Héctor Alfonso López, hijo de ‘La Gata’
El investigado no entregó un plan de aportes a la verdad como lo exige el tribunal.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rechazó el sometimiento del ex representante bolívarense Héctor Julio Alfonso López, hijo de la condenada exempresaria del chance Enilce López, alias la Gata, al considerar que no entregó un plan de aporte a verdad como lo exige el tribunal.
López es investigado por presuntos nexos con el Bloque Norte de las AUC durante su campaña a la Cámara por Bolívar en 2010, proceso que la JEP asumió en conocimiento en abril de 2019.
“De acuerdo con las consideraciones expuestas en esta resolución, la solicitud de sometimiento elevada ante la JEP por el señor Héctor Julio Alfonso López no puede ser aceptada, como quiera que no se cumplieron de manera concurrente los presupuestos jurisprudenciales establecidos para las personas que de manera voluntaria requieren su acceso a este escenario de justicia transicional en calidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública”, indicó el tribunal.
En 2019, el sistema de justicia transicional empezó a analizar el proceso del hijo de ‘la Gata’, para definir si su caso pasa a este tribunal de paz, con las prendas jurídicas que estos significa pero con la obligación de revelar la verdad, reparar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición, escenario que, según la JEP no se cumplieron.
Así las cosas, el tribunal también ordenó la remisión inmediata del a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que continúe adelantando el proceso en la jurisdicción ordinaria y se reactiven los términos en el alto tribunal.
‘El Gatico’, como también se le conoce a Alfonso López, se entregó a comienzos de 2018 y se encuentra tras las rejas en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico.
Alfonso López, quien llegó al Parlamento hace más de ocho años con el aval del extinto PIN, fue afectado con la pérdida de investidura en 2013 por orden del Consejo de Estado, corporación que halló violaciones al régimen de inhabilidades por contratos con el Estado.
