“Es más peligroso ser líder social que miembro de grupo al margen de la ley”

Aunque las cifras de la Fiscalía, la Defensoría y la ONU difieren unas de otras, las tres fuentes se acercan a la cifra de 600 defensores de derechos humanos asesinados desde 2016.

Colombia

Aunque las cifras de la Fiscalía, la Defensoría y la ONU difieren unas de otras, las tres fuentes se acercan a la cifra de 600 defensores de derechos humanos asesinados desde 2016.

Así como distan las cifras de los entes que llevan el conteo fatal de los líderes sociales caídos, que en todo caso parecieran coincidir en que van unos 600 defensores de derechos humanos asesinados desde 2016 en el país, también varían entre la oficialidad y las víctimas las teorías y registros sobre a quiénes están asesinando, quiénes están asesinando y por qué.

Algo similar ocurre con las opiniones sobre el Plan de Acción Oportuna, PAO, que es el mecanismo que desde hace algunos meses implementa el gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, para tratar de enfrentar, mediante la coordinación de esfuerzos institucionales, la matazón de estos representantes de las comunidades.

La triste realidad, por el momento, es que siguen asesinando a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en las zonas más apartadas del país y el derramamiento de sangre tuvo uno de sus puntos más sensibles la semana pasada con el asesinato en Tierralta, Córdoba, de la lideresa comunitaria María del Pilar Hurtado, cuando todo el país pudo ver y escuchar a uno de sus pequeños hijos huérfanos pateando las piedras de dolor, rabia e impotencia y le otorgó la dimensión humana y trágica a las frías cifras que no paran de sumar semana a semana con cada nuevo crimen.

El panorama

El defensor de derechos humanos Andrés Chica, director de Cordoberxia –quien está exiliado por quinta ocasión de Tierralta, esta vez por hacer denuncias relacionadas con el caso de Hurtado-, le dijo a EL HERALDO que “la causas de las muerte deriva de las rentas del narcotráfico, grupos irregulares y de la ‘parapolítica’ que aún existe, y todo esto se ha concretado con la salida de las Farc, porque el Estado no llegó a las zonas, en esa medida son los victimarios los que toman el control y el efecto de eso es el asesinato de líderes, porque vamos en contravía de ellos, y hay otro responsable que se llama Estado que además pretende involucrar a los líderes en líos de faldas o en narcotráfico”.

A su vez, Juan David Díaz, vocero de Movice Sucre, aseguró en diálogo con este diario que “han matado a 185 líderes sociales en 2019, pero hasta el momento han dado de baja en combate a 184 miembros de organizaciones criminal. Es decir, es más peligroso ser líder social que ser miembro de una organización al margen de la ley. Hay una campaña para exterminar, uno ve que hay retomas de las autodefensas, y a los líderes no les están dado la protección necesaria, dicen que van a hacer rondas perimetrales, programas de autoprotección, pero los dejan solos, las zonas están abandonadas”.

Por otra parte, el experto en seguridad Hugo Acero analiza el fenómeno de la siguiente manera: “Hay varios temas que precisamente están propiciando de manera desafortunada esta serie de asesinatos. Uno tiene que ver con que estos líderes están de acuerdo en algunas zonas con la sustitución de cultivos y los narcos y grupos criminales lo que quieren es seguir lucrándose en ese negocio, entonces encuentran en esos líderes una persona molesta; otro es que algunos de ellos son reclamantes de tierras y de propiedades y los delincuentes no las quieren devolver y el último es que los líderes se oponen a la presencia de grupos criminales de minería ilegal y de narcotráfico”.

Los asesinatos

De acuerdo con la Fiscalía, en lo que va corrido de este año han sido muertos 142 líderes comunales y defensores de derechos humanos en el país.

El censo del organismo de investigación penal indica que Antioquia es el departamento con mayor número de homicidios de defensores de derechos humanos (42), seguido por  Cauca (33), Norte de Santander (31), Valle del Cauca (22), Nariño (16), Caquetá (14), Putumayo (13) , Arauca y Meta (12), Chocó y Risaralda (10), Cesar(8) y Bogotá, Bolívar, Santander, Casanare y Atlántico (5).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que 462 líderes sociales han sido asesinados desde el primero de enero de 2016: en 2019 van 42 (hasta febrero), en 2018 fueron 178, en 2017 126 y en 2016 133.

Y en cuanto a las intimidaciones, el organismo del Ministerio Público reporta que hay ­líderes sociales amenazados actualmente en el país. Lo que se traduce en un aumento con relación al año pasado cuando hubo registro de 523 amenazas.

La ONU, de otro lado, informó el pasado 10 de mayo que en los primeros cuatro meses de este año se registraban al menos 51 asesinatos entre los que se encuentran líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. En 2018, reportaba el ente multilateral, se presentaron los asesinatos de 115 defensores de los derechos humanos.

Las investigaciones

De los 142 crímenes de este año, la Fiscalía afirma que 69 ya han sido esclarecidos y 55 “fueron relacionados con el crimen organizado vinculados a narcotráfico y minería ilegal”.

Y del total, el ente acusador dijo que ha esclarecido 167 homicidios de líderes sociales y que ha identificado a los autores intelectuales en 51 casos.

 Añadió el organismo investigador que se han emitido 32 sentencias y 55 casos están en juicio; 421 personas han sido vinculadas y de estas 249 fueron cobijadas con medida de aseguramiento en cárcel.

Víctimas y victimarios

Sobre el perfil de los victimarios, el documento del ente de control penal asegura que 64 líderes fueron muertos por particulares conocidos con antelación por la víctima, 30 por acciones de bandas criminales, 20 por disidencias de las Farc, 17 por el Clan del Golfo y 13 por el Eln.

Frente a las víctimas, pone de presente la ONU que “los asesinatos se producen en un contexto de estigmatización de los defensores de los derechos, especialmente los que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios sociales básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilegales, la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales. (…) Existe una necesidad urgente de abordar las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales”.

El Gobierno

El presidente Iván Duque indicó hace un par de semanas –cuando reportó una disminución del 32% en estos crímenes- que en el 96% del territorio nacional no ocurren homicidios de líderes sociales, lo que supone que estos asesinatos se han presentado en menos de 50 de los 1.101 municipios del país.

Agregó el mandatario que los “principales victimarios” son el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Y concluyó en este sentido que la Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene a su cargo cerca de 7.100 esquemas de protección de los cuales “el 56% están para líderes sociales”.

De igual forma, la mini stra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de coordinar el plan del Estado contra el asesinato de líderes sociales, el Plan de Acción Oportuna, PAO, aseguró esta semana que “la génesis de quienes están matando a los excombatientes y a los líderes sociales es el narcotráfico”.

¿Está funcionando el PAO?

Para Chica, de Cordoberxia, desde 2002 se está tratando de forjar un proceso nacional de garantías, que hasta ahora ha fracasado porque para él la política sigue siendo la misma con Uribe, Santos y Duque: la militarización.

“Invitamos al Estado a crear un proceso nacional de garantías, creamos la UNP y el desmonte del DAS, empezamos con Uribe, no logramos en los años de Santos que avanzara, y la política sigue siendo la misma: la de la UNP y el PAO no es otra cosa que la militarización del territorio, la misma propuesta que hizo Uribe en 2003 cuando se quería que la gente hiciera una red de cooperantes. Ponen a la gente en riesgo, a entregar información, y lo nuestro es lo organizativo, no decir dónde están los criminales”, señaló.

Del mismo modo, Díaz, del Movice Sucre, cree que el PAO no ataca las causas estructurales de lo que viene ocurriendo, que para él son la inequidad y la corrupción.

“No hay seriedad ni una política integral contundente, el gobierno no fortalece la fuerza pública ni ataca las causas que originan la violencia, que son la inequidad y la corrupción, y la justicia deja libres a los autores materiales, que es a través de los cuales se puede llegar a los autores intelectuales, mientras los gobernantes locales desmienten la presencia de los grupos al margen de la ley y no reconocen a los líderes sociales”, advirtió.

En cambio, Acero, analista de seguridad, considera que el Gobierno está haciendo esfuerzos importantes y aconseja a políticos -con esquemas de seguridad y que no están en riesgo- devolver esos cuadros de escoltas para que se dispongan a favor de los líderes.

“Yo creo que el Gobierno está haciendo unos esfuerzos importantes por tratar de garantizar la seguridad, y creo que además de esa seguridad física hay que hacer un trabajo con las comunidades para tratar de que esos entornos comunitarios de alguna manera ayuden a protegerlos. Y también existen en el país muchos concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, congresistas y funcionarios públicos que tienen escoltas y que no los requieren, porque sus niveles de riesgo son muy bajos, entonces hay que llamar la atención a que los devuelvan y no los utilicen”, indicó.

¿Qué falta por hacer?

Para el líder social Andrés Chica “si quiere realmente el Estado dar una política de garantías, tiene que ir a la causa y es el desmonte eficaz del paramilitarismo y enfrentar la corrupción que campea”.

En el mismo sentido, el defensor de derechos humanos Juan David Díaz plantea darle al líder social la importancia que se merece y dejar de estigmatizarlo: “Uno ve la recompensa por el robo de unas vacas a un ganadero es mayor de la que dan por el autor del asesinato de un líder (…), y uno ve al ministro de Defensa contribuyendo a la campaña de desprestigio”.

Y el experto en seguridad Hugo Acero advierte que no es un asunto de voluntad política pero dice que se pueden hacer mayores esfuerzos: “Claro que al Gobierno le interesa lo que está ocurriendo porque el Estado es el llamado por responsabilidad legal y constitucional a garantizar la seguridad de los líderes, pero yo creo que se pueden hacer mayores esfuerzos y a veces los recursos son limitados”.

El líder indígena que se resiste a salir de Córdoba
Israel Aguilar, líder indígena.
Israel Aguilar, líder indígena.

La voz líder de indígenas Zenú en el Alto San Jorge, el cacique Israel Aguilar, sigue retumbando por los derechos de las personas en el territorio a pesar de las múltiples amenazas que lo conminan a abandonar el territorio y abandonar el trabajo social que lo ha caracterizado.

Como líder indígena, en su lucha por los derechos ancestrales, Aguilar ha enfrentado multinacionales como la niquelera Cerro Matoso, logrando actas de compromiso en las que se fijaron metas a corto, mediano y largo plazo, donde se destacaron aspectos en materia de salud, educación, vías, agua y vivienda. Con un esquema de seguridad, un carro convencional y nueve amenazas directas son parte de las intimidaciones que este aguerrido líder ha tenido que enfrentar en el territorio por causa de su gestión social.

“Yo he recibido amenazas desde 2009, esta última a través de un panfleto en el que me ordenan salir del territorio. Generalmente venía recibiendo amenazas del bloque Virgilio Peralta Arenas de ‘los Caparrapos’ y ahora también me llegó otro mensaje intimidante pero firmado por las Autodefensas Gaitanisas de Colombia”, indicó.

Israel sabe que la situación de orden público en el sur del departamento se encuentra en un momento complicado por causa del accionar de las disidencias paramilitares y guerrilleras que se disputan el control de las economías criminales.

“Con esta nueva ocasión las amenazas directas suman nueve en este año porque a partir del mes de febrero intensificaron los panfletos, tanto del Bloque Virgilio Peralta Arena como de las AGC”, asegura.

“Pienso que estas amenazas recientes son más serias porque en varias ocasiones me han pedido que abandone el territorio y como me he negado, pueden tomar acciones violentas en contra mía”.

Actualmente Aguilar funge como asesor tradicional de las autoridades de los cabildos indígenas ante Cerromatoso.

Su trabajo es valorado por la comunidad, pero visto con temor por parte de los familiares y amigos. “La situación es compleja, mire que como líder tengo las medidas de protección a través de la Unidad Nacional de Protección, quizás no son las mejores, pero por el momento cuento con la protección y un carro convencional Y siempre he sido defensor del territorio frente a las empresas multinacionales, ha sido una defensa social a favor de las comunidades”, sostuvo.

“Estamos desprotegidos”: líder en Valledupar
Mallerly Camelo, líder de una JAC.
Mallerly Camelo, líder de una JAC.

Mallerly Camelo Oñate, líder social y presidenta de Junta de Acción Comunal en Valledupar, afirma que por su labor ha sido amenazada en dos ocasiones. “Los primeros meses los policías hacían rondas por mi casa, pero después no volvieron”, dijo esta mujer desplazada por la violencia hace 19 años en Arjona, Bolívar.

“Nosotros vivimos el día a día poniendo de presente las irregularidades que se cometen desde las administraciones, siendo voceros de la comunidad, denunciando la pérdida de los recursos públicos y de otros hechos, pero nos sentimos abandonados por el Estado”, sostuvo. Mallerly Camelo, tiene 38 años, es madre cabeza de familia y dijo que a pesar de las dificultades continúa con su labor en representación de la comunidad. “Esa vocación de servicio es algo que Dios me dio”, indicó. No obstante, precisó: “He estado pensando que si no hay mejoría en cuanto a la seguridad de nosotros como líderes, lastimosamente tendré que irme para otra ciudad”, y eso sería otro desplazamiento más.

Dijo que a pesar que de las denuncias ante las autoridades competentes, son pocas las garantías de seguridad. “Aquí tuvimos un caso con nuestro compañero Fabián Bautista, quien en dos ocasiones denunció amenazas y no se hizo nada, hasta cuando casi lo matan”, afirmó.

“Lo único que tengo es un botón de pánico que me entregaron hace tres meses, pero no le dicen a uno cómo funciona, ahí lo tengo guardado”, manifestó; aunque señaló que para su protección ha tomado medidas como poco salir de su casa. “Estrictamente lo hago para lo necesario”, puntualizó.

Sostuvo que “a veces uno quiere seguir avanzando, pero en esta situación uno piensa en su familia, y en cómo van a quedar los hijos”.

Tres frentes amenazaron a defensora en Magdalena
Elizabeth Pacheco Manríquez
Elizabeth Pacheco Manríquez

A Elizabeth Pacheco Manríquez, samaria de 42 años,  las amenazas no la han hecho desistir en su afán por lograr justicia y dice que seguirá luchando “convencida más que nunca”. Es de las que sostiene con férrea convicción que si bien puede perder una batalla, eso no le impide defender las causas que considera justas. Líder social, presidenta de la Federación ‘Mujeres Diversidad y Paz’, directora ejecutiva de la ‘Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia’ e integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional Agraria ‘Fuerza Campesina’, promulga que las intimidaciones en su contra han provenido de diferentes frentes.

“Fui amenazada por un comandante de las Farc, quien ya está en la legalidad; también por las bandas criminales, concretamente ‘Los Pachenca’ y otra, por un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP”, comentó.

 Aunque afirma que “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, sostiene que seguirá impulsando la defensa de los derechos humanos en favor de los  desprotegidos. “Nací con esto y con esto moriré. No abandonaré mi labor social, quiero y amo lo que hago”, anotó.

Aunque actualmente cuenta con esquema de seguridad proporcionado por el Estado, dice que no “confía en la institucionalidad”.

“El año pasado cuando fue una de las lideresas más amenazadas en el departamento me propusieron que con mi familia me fuera para Canadá, pero solo me daban los tiquetes y nada de garantías para sobrevivir en ese lejano país”, precisó.

“La justicia es la necesidad del pueblos y quien es más que los líderes sociales para exigirla”, puntualizó Elizabeth Pacheco Manríquez.

Con panfletos intimidan a líder en La Guajira
Durante una marcha de líderes.
Durante una marcha de líderes.

En La Guajira este año se han conocido  amenazas contra líderes, funcionarios, periodistas, dirigentes y víctimas de la violencia, casi todas a través de panfletos y mensajes a celulares.

Un panfleto amenazante había cirulado contra líderes de víctimas, quienes hicieron una  marcha contra los feminicidios el pasado viernes. Dannys Viecco, integrante de la Mesa de Víctimas en la capital guajira que en este pasquín de ‘las Águilas Negras’ se amenaza además de ella, a Roberto Acevedo,   Ana Turizo (de la Red de Mujeres, Codepaz y Mesa de Víctimas),  a Herminia Fontalvo, Carmen Sarmiento, Édgar Zúñiga y a la presidenta de la Federación de Campesinos de la región Caribe, así como a todos los integrantes de Mesas de Víctimas existentes en el departamento de La Guajira.

Señaló   que van a desarrollar el protocolo establecido y seguir  la ruta que corresponde, denunciar ante la Fiscalía para que se haga la investigación respectiva. “Vamos a poner en conocimiento de lo sucedido al secretario de Gobierno de Riohacha, Ronal Gómez, para que se haga un consejo de seguridad”, indicó.

El pasado 7 de junio en el municipio de Manaure también hubo amenazas de ‘Las Águilas Negras’ a líderes sociales y a un periodista. La Organización Nacional Indígena de Colombia rechazó y condenó estas nuevas amenazas contra el líder Armando Valbuena, quien fue presidente de la Onic. 

En La Guajira también recibieron amenazas, el personero de Uribia  Carlos Alberto Rangel Camacho, el Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu en dos oportunidades, otros periodistas y miembros del Cuerpo de Bomberos de Villanueva. .

También fue amenazado en dos oportunidades  Igor Díaz, tesorero de la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón.

La violencia frena el liderazgo social en Sucre
Julián Quiñónez, líder asesinado.
Julián Quiñónez, líder asesinado.

José Fredy Aguilera, miembro de la Mesa Sucreña por la Paz, considera que la actividad de los líderes sociales en este Departamento se ha mermado por la ola violenta y de inseguridad que se registra en el territorio. Si bien no hay personas que de momento hayan abandonado el departamento por las amenazas, los que siguen en su lucha son cautelosos y uno que otro tiene escolta.

Aguilera considera que este decaimiento en el ejercicio del liderazgo social se ha incrementado con la posesión de este nuevo Gobierno que en su criterio no ofrece garantías para el desarrollo de este tipo de actividades.

Esto último lo ratifica Jahel Quiroga Carrillo, delegada de las Plataformas de Derechos Humanos en el país, y quien considera que el Plan de Atención Oportuna (PAO) es “algo cosmético, no es nada”.

“El PAO no ha funcionado como tampoco la política de defensa del Estado que está cifrada en la militarización de los territorios y eso también ha traído problemas de violación de DDHH”, expresó.

En lo que va corrido de este año en Sucre ya fue asesinado un líder, se trataba de Julián Quinóñez Uñate, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de un sector de Guayabal, en Coveñas.

Lo ultimaron de varios balazos a las 8:30 de la mañana del 6 de junio en el mismo sector donde residía en momentos en que inspeccionaba una obra civil.

Este líder había denunciado unos presuntos hechos de corrupción y al parecer por cuenta de estos fue objeto de amenazas desde noviembre de 2018 y según las autoridades estaban analizando su nivel de riesgo. Dos hombres en moto lo interceptaron y el parrillero le disparó.

Otros líderes como Albeiro Villamizar, que ha denunciado muchos hechos de corrupción en el departamento, asegura estar amenazado y no tiene protección, como tampoco la tiene José Miguel Beltrán Osorio, el testigo presencial de la masacre de los hermanos en una finca en La Guaripa, jurisdicción del municipio de Sucre-Sucre, y quien es testigo estrella de la Fiscalía.

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