¿Cuál es el escándalo de corrupción que enreda al senador Mario Castaño?
El senador es acusado por presuntamente liderar una extensa red de corrupción en la que adjudicaría contratos en Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Mario Castaño en la tarde de este martes.
Funcionarios del CTI detuvieron al actual senador del Partido Liberal, y quien además fue reelegido el pasado 13 de marzo, a su salida del Congreso.
Los delitos por los que se le acusan son: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión.
Mario Castaño venía siendo investigado hace varios meses por presuntamente ser el líder de una red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos.
En el mes de marzo se filtró una grabación de audio en donde el senador habló sobre una prórroga de un contrato en una empresa de licores que le generaría ingresos de $15 mil millones en 15 años.
Días después Castaño aseguró a medios nacionales que “estaba borracho cuando se tomó el audio por el que lo señalan de tener presuntos nexos con la red de corrupción y que en realidad se refería a regalías para el departamento”.
También en marzo la a Fiscalía informó en un comunicado que nueve personas fueron capturadas, entre ellas un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador, así como funcionarios públicos y particulares.
Según el ente, esta red “direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional, los cuales estaban destinados para cubrir obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda”.
El CTI estableció que “desde la oficina del senador, supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”, y que además funcionarios de diversas entidades, presuntamente, ajustaban los pliegos contractuales y condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en distintos departamentos para que quedaran en manos de las oferentes que el senador indicaba.
En diligencias realizadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira fueron capturadas y enviadas a la cárcel, diez presuntos integrantes de esta red. Se lees imputaron los delitos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
Según la Fiscalía, la organización delictiva, previa intermediación de un congresista, formulaba propuestas y proyectos con los requisitos básicos para acceder contratos a través de diferentes entidades, como pólizas o estudios de mercado por medio de empresas e ingenieros.
Esto con el fin de garantizar la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad.
Todo se definía mediante el pago de dádivas que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación de cada contrato.
Parte de los recursos, supuestamente, se distribuía entre los gestores de los proyectos y otra quedaba en manos del congresista.
De esta manera, la estructura ilegal habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron en valor a $43.433 millones.
Entre los contratos gestionados estarían la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.
