Consejo de la Judicatura debe presentar plan de descongestión de la justicia
La Corte Constitucional ordenó que la estrategia debe ser presentada al Gobierno nacional en un lapso de 6 meses.
El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tiene un plazo de seis meses para presentar al Gobierno un plan de que conlleve a la descongestión de la jurisdicción penal. Así lo ordenó Constitucional al conceder un fallo en el que da cuentas de “los problemas estructurales” que existen en la administración de justicia en el país.
La orden debe ser acatada dentro del marco del principio de “colaboración armónica” y el Gobierno “deberá disponer todo lo necesario para adelantar dicho plan, así como los recursos suficientes para su puesta en marcha”.
La decisión se da luego de conceder la protección de los derechos de un ciudadano, quien desde hace seis años apeló una sentencia de primera instancia, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, que lo condenó a doce años de prisión, pero hasta ahora la acción de amparo no había sido resuelto.
Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Sala Octava de Revisión comprobó que “existen problemas de congestión judicial que afectan el eficaz funcionamiento de la jurisdicción penal a nivel nacional”.
“Para este tribunal, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera cuando la dilación sea consecuencia de los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de las autoridades judiciales. En este punto, la Corte Constitucional aplicó los elementos del estándar del plazo razonable”, dice la Corte en un comunicado.
La sentencia también reprochó “la irresponsabilidad” de las autoridades encargadas de la planeación y asignación presupuestal porque “no están exoneradas de garantizar la efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia”.
Brazalete electrónico
En los próximos días el presidente Iván Duque firmará un decreto con el que se busca reducir el hacinamiento carcelario del país.
Se trata de una normativa que permitirá que alrededor de 800 personas privadas de la libertad tengan acceso a un brazalete electrónico, pagado por ellos mismos, para poder gozar de la medida de detención domiciliaria. El costo del dispositivo lo definirá el Gobierno.
