Cecilia Álvarez y Gina Parody, a juicio disciplinario por la Procuraduría
Las exministras son investigadas por presunto conflicto de intereses en la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II y el plan para recuperar la navegabilidad.
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a las exministras Cecilia Álvarez Correa y Gina Parody, quienes son investigadas por presunto conflicto de intereses en la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
El Ministerio Público cuestiona a las exfuncionarias por la aprobación del Conpes 3817, con el que se declaró de importancia estratégica el corredor Ocaña, que comunica a las poblaciones de Río de Oro, Agua Clara, Gamara, además de las conexiones a los puertos fluviales en el norte y sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol sector II, proyectos en los que pudieron haberse favorecido en la adjudicación de los proyectos.
El Conpes 3817 fue aprobado el 2 de octubre de 2014 por Álvarez Correa, cuando era ministra de Comercio, mientras que y Parody estaba al frente del Ministerio de Educación.
Así mismo, la Procuraduría reprochó que Álvarez Correa, cuando fue ministra de Transporte, no se hubiera declarado impedida para participar en la discusión de la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena, además de las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.
Para el ente de control la exfuncionaria habría incurrido en la misma conducta en la suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio de 2014, que ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes.
“Los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y garantizar la transparencia, previniendo que se presenten situaciones en las que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público”, señaló la Procuraduría.
