La Defensoría del Pueblo rechazó el anuncio de la guerrilla del ELN de un “paro armado” de 72 horas en todos los territorios bajo su influencia, a partir del 14 de diciembre.
El grupo armado ilegal indicó en un comunicado que realizará este paro en protesta contra “las amenazas de intervención imperialista” y la “nueva fase del plan neocolonial” del presidente estadounidense, Donald Trump.
“La injerencia del imperialismo norteamericano pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo”, expresó la guerrilla.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “este anuncio incrementa el riesgo de falta de acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente en los territorios históricamente más expuestos a la violencia”.
El organismo recordó que “ningún actor armado puede arrogarse funciones de autoridad, establecer ‘normas’ de convivencia, ni imponer restricciones colectivas a comunidades enteras”.
“Toda acción que derive en bloqueos de facto o en restricciones que impidan el abastecimiento y la satisfacción de necesidades básicas, desconoce la obligación de respetar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y puede generar, además, escenarios de desplazamiento forzado o confinamiento”, agregó.
Ante el anuncio del paro armado, la Defensoría del Pueblo indicó que ha activado sus mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales, con el fin de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección.
Igualmente hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad, la dignidad y los derechos de la población civil.
Por último, exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y proporcionales que garanticen los derechos humanos a la seguridad, la movilidad y el acceso a alimentos, salud, educación y demás derechos, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes, liderazgos sociales, comunidades étnicas y población en condición de vulnerabilidad.
