La Fiscalía General de la Nación anunció que interpondrá un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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La decisión fue tomada por la fiscal delegada Marlene Orjuela, quien consideró que la sentencia de segunda instancia contiene errores graves que deben ser revisados por la máxima autoridad judicial del país.
De acuerdo con la normativa vigente, la Fiscalía cuenta con 30 días para presentar formalmente la demanda ante la Sala de Casación Penal. Una vez radicada, la Corte deberá decidir si admite o no el recurso.
En caso de admisión, se fijará una audiencia en la que las partes podrán sustentar sus argumentos por un máximo de 10 minutos cada una. Posteriormente, el magistrado ponente elaborará un proyecto de fallo que será sometido a votación en sala plena.
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Si el fallo es improbado, se designará un nuevo ponente para elaborar una ponencia en sentido contrario, la cual volverá a someterse a votación antes de la lectura de la decisión definitiva.
Por el contrario, si la Corte inadmite el recurso, tras un examen meramente formal, la parte inconforme podrá solicitar al Procurador General que insista en la revisión. El Ministerio Público podrá optar por no insistir o, si lo hace, la Corte decidirá si mantiene la inadmisión o acoge la petición y continúa el trámite.
Los tiempos del proceso son extensos, la decisión de admisibilidad suele tardar entre 6 y 18 meses, mientras que una sentencia de fondo puede demorar entre 3 y 5 años. El término máximo legal para fallar es de cinco años, aunque en la práctica rara vez se llega a ese límite.
