Durante la lectura del fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá sobre la condena a 12 años de casa por cárcel emitida el pasado 1 de agosto contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, dijo que la nueva decisión de la justicia, cualquiera que sea, debe ser respetada y acatada.
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“Hemos presentado nuestra postura, el país la conoce claramente”, dijo el jefe del Ministerio Público a medios, haciendo recordar la solicitud que hizo el 11 de agosto al Tribunal Superior de Bogotá de revocar el fallo que condenó en primera instancia al expresidente Uribe (2002-2010), alegando vicios en la evaluación de pruebas.
“Lo que yo quiero recordar es lo que siempre he dicho: las decisiones de la justicia son para respetarlas, para acatarlas, para cumplirlas, para ejecutarlas, en el sentido que ellos quieran”, sostuvo el procurador.
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El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia a Álvaro Uribe del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado.
“En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia”, dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la a jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Uribe, de 73 años, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático había sido condenado por la jueza Heredia a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador de izquierdas Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.
Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.
