En Colombia, cuando se llega a la edad adulta, con responsabilidades económicas, es común escuchar la frase “historial crediticio”. Esto ha sido un factor determinante en el país para poder acceder a productor financieros, oportunidades laborales y hasta comerciales.
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Por eso existen las centrales de riesgo, como Datacrédito y TransUnión, que se encargan de concentrar información sobre el comportamiento de millones de ciudadanos en el país. Es usada por los bancos, empresas y entidades del Estado como una herramienta de evaluación.
No obstante, la permanencia de reportes negativos por tiempos prolongados, incuso después de haber salido de las deudas, ha generado molestias y hasta cuestionamientos entre usuarios.
Es por esto que ahora en el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley que podría transformar el régimen de información financiera. La iniciativa lleva por nombre Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0.
Para entender lo que se busca aprobar en el Congreso, hay que entrar en el contexto. Desde la Ley 1266 de 2008, conocida como la Ley de Habeas Data Financiero, se establecieron varios parámetros para el tratamiento de información crediticia en Colombia.
Esta ley permite que los datos negativos permanezcan en las bases de datos durante cuatro años después de haber sido cancelada la deuda. Hay casos donde el reporte puede mantenerse durante más tiempo. Esta norma, aunque estableció mecanismos de protección al consumidor, también ha sido criticada por establecer barreras y complicaciones para el acceso de créditos.
En 2021, con la Ley 2157, que fue la originalmente llamada Borrón y Cuenta Nueva, se ofreció una solución eliminando reportes negativos a quienes se pusieran al día en un plazo de 12 meses. Sin embargo, en esa ocasión solo 1,7 millones de personas lograron el beneficio, y la meta era de 16 millones.
¿De qué trata el nuevo proyecto de Borrón y Cuenta Nueva?
Ahora, la nueva iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca ampliar los beneficios de la ley anterior.
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Se trata de establecer un nuevo régimen transitorio para la eliminación de reportes negativos en centrales de riesgo, proponiendo que los ciudadanos que paguen sus deudas dentro del año siguiente a la promulgación de la ley puedan solicitar la eliminación de sus reportes negativos en un plazo de dos meses.
La nueva ley también incluiría también a las personas que paguen sus deudas antes de la entrada en vigor de la nueva norma.
De acuerdo con lo que se quiere en el proyecto, cerca de 14 millones de colombianos podrían beneficiarse de esta nueva ley. Hay grupos priorizados se encuentran: Deudores del Icetex que paguen o acuerden pagos durante seis meses; Personas con créditos de vivienda que se pongan al día; Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); Empresas del sector turismo; Pequeños productores agropecuarios; y Trabajadores independientes.
El proyecto, en pleno debate, fue cuestionado por algunas entidades financieras. Les preocupa el impacto que pueda tener el régimen transitorio en la estabilidad del sistema crediticio. Aseguran que la eliminación de reportes negativos podría elevar las tasas de interés e incluso restringir el acceso al crédito, porque reduciría la disponibilidad de información sobre el comportamiento financiero de los usuarios.
Sobre esto, la Corte Constitucional, en su análisis, aseguró que la finalidad del régimen de transición es legítima, y que está alineada con principios constitucionales como la democratización del crédito. En el mismo informe de la Corte se aclara que no se trata de condonar deudas, sino que exige como condición previa la extinción de la obligación para poder acceder a la eliminación del reporte negativo.
