Las fuertes lluvias que han caído de manera casi ininterrumpida sobre el Valle de Aburrá y la ocupación desordenada de zonas de alto riesgo se combinaron en la madrugada del pasado martes 24 de junio para desencadenar una tragedia en la vereda Granizal, municipio de Bello, Antioquia.
Un deslizamiento de tierra, originado por el desbordamiento de la quebrada La Negra, arrasó decenas de viviendas y dejó, hasta ahora, un saldo de 13 personas fallecidas y al menos 12 desaparecidos.
De acuerdo con los informes técnicos, las precipitaciones que se extendieron por más de 36 horas saturaron el terreno en esta zona de ladera, propiciando el colapso de la montaña. Según el IDEAM, solo en ese sector se registraron más de 100 milímetros de agua en poco más de un día, producto de un sistema de baja presión que afecta a gran parte del área metropolitana.
El impacto del desastre fue mayor debido a las condiciones precarias del sector afectado. Granizal es uno de los múltiples asentamientos informales que se han desarrollado en los cerros entre Medellín y Bello, en su mayoría sin control ni planificación para mitigar los riesgos naturales.
“La zona ya tenía alertas generales por posibles deslizamientos, pero Granizal no figuraba entre los puntos priorizados”, admitió la alcaldesa de Bello, Lorena González, quien junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha insistido en la necesidad de evacuar sectores vulnerables.
La emergencia reveló las debilidades en materia de control territorial, pues las viviendas afectadas —según estimaciones— podrían superar las 50, aunque algunas versiones indican que hasta 70 estructuras quedaron sepultadas. La tragedia también puso en evidencia la limitada presencia de infraestructura adecuada para enfrentar este tipo de fenómenos.
A la gravedad de lo ocurrido en Granizal se sumaron los daños en el vecino sector de El Pinar, también afectado por el desbordamiento de la quebrada. Allí, varias familias resultaron damnificadas por el torrente de agua y lodo.
Mientras tanto, el Puesto de Mando Unificado (PMU) activado por la Gobernación coordina las labores de búsqueda y asistencia. En la zona trabajan más de 120 rescatistas, apoyados con maquinaria pesada, equipos de detección térmica y sensores del SIATA para monitorear el terreno y prevenir nuevos derrumbes.
A pesar de la complejidad del terreno, los equipos han logrado rescates significativos, como el de un bebé de seis meses que fue hallado con vida bajo los escombros. Tanto el menor como su madre fueron trasladados a un centro asistencial en Medellín, donde permanecen bajo observación.
Las autoridades mantienen acordonada la zona y han dispuesto mallas de contención como medida preventiva. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto ante las posibilidades de nuevos deslizamientos y la amenaza latente que representan los asentamientos irregulares en las laderas del Valle de Aburrá.
