Dirigentes gremios del sector salud chocan en EL HERALDO sobre la conveniencia de incluir las cuatro preguntas sobre el tema de la salud en el país en la nueva consulta popular presentada por el Gobierno al Congreso: para unos se trata de demagogia y para otros sí es necesario hacer modificaciones de ley para enfrentar la crisis del sistema.
Roberto Baquero, ex presidente del Colegio Médico Colombiano, advirtió en declaraciones a este medio que se trata de “unas preguntas que ya están en las leyes, y es lo que uno no entiende: ¿por qué más bien no se cumplen las leyes que están escritas en vez de poner esto de nuevo en una consulta? Aquí lamentablemente en Colombia nos acostumbramos a que hacemos leyes y no se aplican, entonces eso es lo que está pasando con esas cuatro preguntas. No le veo motivo para hacerlo de nuevo, lo que sí me gustaría es que se aplicara la ley”.
Cuestionó además el experto al respecto: ¿Quién no quiere que le legalicen su situación de trabajo, que le reconozcan un trabajo digno? Pero volver a repetirlo es más algo de demagogia, se me hace a mí“.
Lo que falta, añadió Baquero, “es voluntad política y cumplir las leyes. (...) Es más una movida política, para que todo el mundo diga ‘pobrecitos’. Cuando participé en la construcción de la Ley Estatutaria de Salud todo eso quedó ahí, el trabajo digno para los trabajadores, la remuneración digna, hay convenios con la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT, que incluso están por encima de una ley estatutaria”.
De otro lado, el vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, Herman Bayona, saludó en diálogo con este medio que “afortunadamente se incluyeron estas preguntas en la consulta porque hay mucho temor de que la reforma a la salud vaya a ser archivada en la Comisión Séptima nuevamente. (...) Estas cuatro preguntas tocan el núcleo de la reforma y de lo que nos está pasando en el sistema de salud”.
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Sostuvo en este sentido que la pregunta de la intermediación financiera por parte de las EPS “es la almendra de la discusión y la razón por la cual no han querido pasarla en Comisión Séptima y allí lo que se intenta es eliminar los temas de corrupción en el sistema de salud y que exista un flujo adecuado de los recursos a hospitales y clínicas para que exista la garantía del derecho de la salud a la gente. (...) La otra, que tiene que ver con el paso de un modelo asistencial a uno preventivo, es debido a que no hay modelos de salud sostenibles en el mundo si no se dedican a la prevención”.
Agregó que en el tema de los medicamentos “es que se han venido aumentando en su precio hasta en un 200%, por cuenta de la intermediación de los gestores farmacéuticos y el acaparamiento, y esto nos permite la regulación de precios. (...) Y lo último es muy importante para los trabajadores de la salud y tiene que ver con la autonomía profesional y que las formas de contratación tienen que ver con la calidad: somos sometidos a agresiones físicas, riesgos biológicos, estrés, jornadas extensas, y es absurdo que no tengamos un régimen especial laboral”.
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Y concluyó que “estos temas no están contemplados en la ley: por ejemplo, la Ley 100 contempla intermediadores, que son las EPS, y si usted no hace unos cambios para eliminar la intervención en ley no va a poder modificar el sistema de salud, y hay prevención en salud en un porcentaje del 10% y aún así no hay forma de que se pueda obligar a las EPS a cumplir la atención primaria”.
Entre tanto, Diana Cárdenas, ex viceministra de Salud y ex directora de la Adres, criticó que “las preguntas que el gobierno ha formulado en temas de salud para la consulta popular son tendenciosas y mentirosas”.
Sobre la primera dijo que “las EPS no son ‘intermediarias financieras’. Esa es una etiqueta que el Gobierno les ha puesto para desprestigiarlas, pero no es lo que dicen las leyes ni lo que ocurre en la práctica. Las EPS cumplen al menos tres funciones fundamentales para usted como ciudadano: Administran los recursos de salud: reciben un pago mensual del Estado por cada persona afiliada (la UPC) y deben usar ese dinero para contratar los servicios médicos que usted necesita. No se quedan con la plata, la administran para garantizarle atención oportuna y continua. Esto evita que usted tenga que pagar directamente en clínicas o hospitales. Organizan y contratan la red de atención: definen a qué médicos, hospitales, laboratorios o especialistas puede acudir según su necesidad. Parece algo burocrático, pero en la práctica alguien debe planear esa red para que usted reciba atención antes que el afiliado se enferme, de manera que tengan atención eficiente y oportuna. No sea que le pase como a los docentes públicos andan a la deriva. Responden por su salud frente a la ley: si usted no recibe la atención, puede quejarse, reclamar o incluso presentar una tutela. Hay a quién exigirle. La EPS es su contraparte y tiene la obligación legal de responder”.
Y advirtió que la propuesta para reemplazarlas es “una trilogía de entidades conformadas por Gestoras de Salud y Vida, Adres (entidad nacional pagadora) y las secretarias departamentales y municipales. El problema es que ninguno de ellos será directamente responsable del ciudadano. ¿Qué quiere inducir el Gobierno con una pregunta tan sesgada?”.
