Tras el no que recibió en el Congreso esta semana la consulta popular sobre temas laborales del gobierno del presidente Gustavo Petro y la resurrección de la reforma laboral en tercer debate ahora en la Comisión Cuarta del Senado, la pregunta que se hacen los ciudadanos es si tiene o no chance el proyecto en una célula legislativa económica con las cargas políticas balanceadas y, sobre todo, con la premura de que la legislatura actual acaba el próximo 20 de junio, lo que quiere decir que la iniciativa, si quiere llegar a ser ley, deberá pasar dos debates, en comisión y en plenaria, y luego ser conciliada en cada cámara.
Sin embargo, si algo tiene a su favor esta nueva oportunidad del articulado es que de acuerdo con lo que le confirmó a EL HERALDO el senador Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, es que no habrá una ponencia de archivo en la Comisión Cuarta del Senado.
“Nosotros haremos todos los intentos posibles por aprovechar esta oportunidad y sacar una reforma que le sirva al país. Una reforma que fortalezca lazos fraternos entre empleador y trabajador, que genere empleo, que ayude a emprendimientos, que ataque la informalidad”, dijo el ponente en diálogo con este diario.
Y frente al límite del 20 de junio, cuando acaba la presente legislatura, para que la reforma se convierta en ley, el parlamentario opositor comentó que “existen unos cronogramas que están apretados, tenemos que ponerle a esto voluntad y todas las jornadas necesarias. Yo he estado acostumbrado a camellar toda la vida, lo único que sí necesitamos es que el contenido no tenga la intransigencia del Gobierno porque entonces me temo que no avanzaremos”.
Los otros ponentes serán Aida Avella, del Pacto Histórico; Juan Samy Merheg, del Partido Conservador; Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; Richard Fuelantala, de AICO, y Angélica Lozano, de Alianza Verde, y como coordinadores ponentes fueron designados Juan Felipe Lemos, de La U, y John Jairo Roldán, del Partido Liberal.
Según el cronograma entregado por Lozano, se empezarían a radicar ponencias el 22 de mayo y el debate estaría agendado para efectuarse entre el martes 27 de mayo y el viernes 30. El Gobierno, además, solicitó al Congreso aplicar el trámite de urgencia e insistencia para el proyecto, en busca de que la iniciativa sea priorizada en el orden del día y votada en un plazo no mayor a 30 días.
El pasado miércoles la plenaria del Senado aprobó por 68 votos a 3 el informe positivo de apelación del archivo de la reforma laboral en marzo pasado durante su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, con lo que el proyecto revive para que se repita su tercer debate, pero esta vez en la Comisión Cuarta del Senado.
Pero también el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, manifestó que es clave realizar una nueva reforma laboral, y que esta cuente con el respaldo de todos los frentes políticos y gremios empresariales.
“La última petición que nosotros le pedimos al Gobierno fue sentarnos a concertar para lograr sacar una reforma que, infortunadamente, el Gobierno decidió no tomar. Yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de retomar ese camino, en este momento tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente, es la propuesta que le hemos venido haciendo nosotros entonces a la Comisión Cuarta”, dijo Mac Master.
Y añadió que cualquier análisis que uno haga del sector laboral colombiano o de la realidad laboral colombiana, tiene que obligatoriamente tener en cuenta el hecho de que casi que seis de cada diez trabajadores en Colombia están en condición de informalidad. ¿Qué es la informalidad? Pues es un trabajador que no tiene vacaciones, que no tiene contrato, que no tiene horas extras, que no tiene incapacidades, que no tiene acceso a la seguridad social, que no tiene tampoco pensión, es decir, yo me atrevo a decir que los trabajadores informales son trabajadores sin derechos, entonces nos parece extraño que una discusión laboral, inclusive que la consulta en su momento, como fue planteada, se olvidara prácticamente de los trabajadores informales, se olvidara básicamente de seis de cada diez trabajadores”.
Meisel agregó al respecto de la discusión que “hay cosas que se tienen que poner sobre la mesa, y que son de interés nacional, por ejemplo los recargos, los dominicales y festivos, etc., y claro que hay que abrir esa discusión sin sesgos, con la mente abierta al cambio, pero también con comparaciones con otros países regionales y con la escucha de sectores particulares”.
Expuso aquí el legislador uribista que, “por ejemplo, en el tema de recargos no se puede tratar igual al restaurante nocturno que a la fábrica diurna. No se puede tratar igual el oxígeno que tiene el gran empresario con las dificultades de las microempresas. Claro que la gran empresa de este país puede hacer un esfuerzo mayor y eso hay que diferenciarlo de los pequeños. Todo eso se puede plantear, reglamentar, ajustar y corregir”.
Y concluyó: “Nosotros hemos propuesto una prima adicional basada en las utilidades de la empresa, generación de incentivos a la contratación de jóvenes y ciudadanos en edad de prepensión, todo eso le sirve al país, al trabajador y al empleador. Esa es nuestra intención”.
A su vez, Carlos Arias, analista político, comentó en este medio que si bien los tiempos de la reforma están muy ajustados, “incluso cuando se hizo el proceso de paz, el fast track no alcanzó a pasar en esos mismos tiempos, creo que están empeñados y creo que el Congreso hoy está pignorado por aprobar si no toda la reforma sí aspectos importantes de la reforma laboral: hay dos muy sustanciales y es el tema de las horas extras y los dominicales, que podría llegar a ser un ejercicio con pequeños y medianos empresarios para no quebrarlos tampoco”.
Añadió en este sentido el catedrático de la Universidad Externado que la reforma, a pesar del corto tiempo que tiene, “no va a pasar en su totalidad, van a pasar algunos artículos parcialmente y creo que esa va a ser la argumentación que tenga el Congreso y la Rama Legislativa para que la narrativa de Petro de que no lo dejan hacer, no lo dejan gobernar, se caiga, y de alguna forma la presentación de esa nueva consulta popular que advierte con los cabildos abiertos, valga la redundancia, se deslegitime por lo menos en la argumentación”.
Óscar Mejía, posdoctor en derecho y doctor en filosofía del derecho, sostuvo a este periódico que al Gobierno solo le queda, en primer lugar, “lo que están haciendo: los reparos, los mecanismos para ver si se puede repetir la votación de la consulta y, en caso de que eso no suceda, vino la opción B, de cualquier forma de la oposición, que es revivir la reforma. Si eso no avanza, y sinceramente es muy probable que no avance, porque ocho ponentes para la reforma, donde casi que podríamos decir que la mayoría son de oposición, uno no ve que eso tenga mayor futuro”.
Sin embargo, señala el ex decano de Derecho de la Universidad Nacional, esta situación ya la había contemplado el Ejecutivo, “y ahí es donde uno podría considerar la miopía de la oposición y es que entre más dilaten cualquier decisión o no consensúen una reforma laboral que los trabajadores requieren, lo que le dan al Gobierno es la mejor bandera para llegar a las elecciones, y se gana a los sectores que han sido vulnerados por 30 años de neoliberalismo en el país, por lo que uno esperaría que la oposición diera la posibilidad de un consenso sobre la reforma”.
Y acerca de los cabildos populares invocados por Petro, explica el profesor que “tiene varias lecturas: una es que se está potenciando el poder constituyente frente al poder constituido de derecha, que no está permitiendo reformas, estamos llegando a una situación como la del 89 o 90 en que la institucionalidad no está dando alternativas de adaptación del sistema político y jurídico a las nuevas realidades, esto se va dirigiendo a que esto desemboque o en un nuevo proceso constituyente que se imponga por la crisis institucional o que desgraciadamente surja un estallido social otra vez y se convenzan de que es necesario reformar”.
Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Universidad Javeriana, expuso en entrevista con esta casa periodística que “para que esta discusión sobre la reforma laboral pueda efectivamente aportar en la solución de algunos de los problemas que se tienen en el terreno de las relaciones laborales, de las políticas públicas sociales en el tema laboral, se requiere celeridad, los tiempos son cortos, aprovechar todo el proceso anterior, toda la información que se pudo recabar de las mesas anteriores”.
Otro factor, observa, es que “se requiere la voluntad política de quienes participen en el proceso y eso tiene que ver por supuesto, en primer lugar, con los integrantes de la Comisión Cuarta, pero en general con los integrantes del Congreso y los integrantes del Gobierno para que anteponiendo los intereses nacionales, la necesidad de hacer una reforma que verdaderamente responda a las problemáticas existentes, puedan deponer ese diálogo que ha generado brechas, esa disputa permanente, las posiciones inamovibles, para que se busquen consensos en puntos mínimos si es necesario”.
Y puntualizó la politóloga en relación con los llamados del jefe de Estado a las asambleas populares que estas reformas “deben tramitarse en las instituciones, deben tomarse estas decisiones en el seno del Congreso, del que se demanda una relación menos tensa, menos de choque y anteponer los intereses nacionales a las disputas políticas”.
