A solo 12 días de terminar el año 2023, la Cancillería ya tendría lista la resolución que fijaría los precios para la expedición de pasaportes en Colombiapara el 2024.
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A la fecha, las tarifas vigentes para los pasaportes ordinarios son de $121.000 en Bogotá y $185.000 fuera de la capital, incluyendo un impuesto de timbre adicional dependiendo la región.
De esta manera, la expedición del pasaporte ordinario se fijaría en 136.000 pesos, a esta cifra se le sumaría el impuesto de timbre que para 2024 sería de 70.597 pesos.
Asimismo, el pasaporte ejecutivo quedaría 244.000 pesos, y de igual manera de se debe sumar el impuesto de timbre, por lo cual oscilaría en 314.597 pesos.
Para quienes necesitan diligenciar el pasaporte diplomático, tenga en cuenta que a partir del 2024 tendría un valor de 136.000 pesos. Mientras que el pasaporte de emergencia quedaría en 192.000 pesos.
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Por su parte, las tarifas para los colombianos en el exterior no tendrían alzas. El precio del pasaporte ordinario es de 67.6 euros en Europa y Cuba y en 94 dólares en el resto de países del mundo.
El pasaporte ejecutivo se mantendrá en 119 euros en Europa y Cuba; para los demás países cuesta 166 euros.
Y los pasaportes de emergencia tendrán el valor de 85 euros en Europa y Cuba y 122 dólares para los demás países.
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Este anuncio se dan en medio del fracaso de la conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons.
Ahora la compañía anunció que demandará al Estado luego de no haber llegado a una conciliación con la Cancillería por la anulación de la licitación para la elaboración de pasaportes en el país.
'En ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia', indicó la empresa en un comunicado, en el que agregó que mantendrá 'el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa'.
Thomas Greg & Sons señaló que durante la audiencia de conciliación que se cumplió en la Procuraduría este 19 de diciembre se evidenció 'la ausencia total de ánimo conciliatorio' por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, cuestionó las declaraciones que entregó el ministro Álvaro Leyva a la revista 'Semana' el pasado 16 de diciembre.
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'Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad (...) Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable', dijo el funcionario al medio capitalino el pasado fin de semana.
De acuerdo con lo expuesto por la compañía, en la audiencia de conciliación del pasado 15 de diciembre, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó ánimo conciliatorio y señaló que el Comité había decidido conciliar, 'aceptando revocar los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio y adjudicando a la Unión Temporal Pasaportes 2023'.
Sin embargo, la certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité de la Cancillería después de la audiencia no fue bien recibida por parte de Thomas Greg & Sons.
'Solo daba cuenta de la primera de las decisiones: revocar los actos por ilegales y señalaba que el Ministro era quien debería revocar los actos. Sin embargo, nada decía de la adjudicación del contrato a la Unión Temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo.
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Tampoco se pronunciaba en el sentido de aceptar o no los servicios adicionales ofrecidos como parte de la fórmula de arreglo y, lo más grave, desconocía el mandato del artículo 89 de la ley 2220 de 2022, que con total claridad señala que es el acta de acuerdo conciliatorio la que sustituye los actos que se quieren revocar, sin que sea necesario ninguna intervención del Comité', sostuvo la empresa.
Ante esto, la Procuraduría pidió a la Cancillería hacer ajustes a la propuesta de conciliación con la firma a fin de darle vía a la aceptación del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pactara un arreglo. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores llevó este martes una propuesta de conciliación parcial que no fue aceptada por la compañía.
'Hoy, en la continuación de la audiencia, el apoderado del Ministerio manifestó que desconocía la fórmula de arreglo propuesta y ratificaba que el Comité no tenía la intención de modificar los términos en que expidió la certificación, con lo que, por ahora, se corroboró esa ausencia de ánimo conciliatorio y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo', señaló la empresa.