Contraloría advierte que solicitudes presentadas a UNP no han sido atendidas

BOGOTÁ | La Contraloría informó este lunes en un comunicado que un estudio sectorial concluyó que, entre los años 2019 y 2022, se presentaron 114.703 solicitudes de medidas de protección radicadas por personas y comunidades ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, sólo 39.299 casos fueron objeto de evaluación y, de éstos, se asignaron medidas a 10.459. Por consiguiente, se otorgaron medidas a 9,1% de las solicitudes y a 26,6% de las evaluadas.

'El estudio determinó que el costo de las medidas de protección, implementadas por la UNP entre los años 2021 y 2022, ascendió a 1,9 billones de pesos, valor que representa un 63,5% del presupuesto ejecutado por la Entidad durante este periodo. La mayoría de los gastos se dio por el pago a personal de escoltas (1,08 billones) y alquiler de vehículos (644.653 millones), mientras que para los apoyos de transporte y reubicación de protegidos se destinaron 29.258 millones', se lee.

Así mismo, se indicó que 8.014 personas fueron beneficiarias de medidas de protección al cierre del año 2022. Entre ellas sobresalen las comunidades indígenas y afrocolombianas, al ser las dos poblaciones con mayor número de beneficiarios (1.591), seguidas por 1.220 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 473 desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil, 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara.

'El estudio señala que existen grandes diferencias en la configuración de las medidas de protección para los principales grupos poblacionales, las cuales se reflejan en los costos anuales. Mientras a un congresista le destinaron en promedio $374 millones anuales entre 2021 y 2022, para proteger a un defensor o líder social se emplearon $124,5 millones por año. Y en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dicha cifra alcanzó un costo de 103,4 millones anuales', concluye el reporte.