BOGOTÁ | El defensor del pueblo, Carlos Camargo, informó este viernes en un comunicado que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales.
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'Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática', expresó el funcionario.
En reunión con quien fuera comisionado y relator para Colombia, Joel Hernández García, Camargo Assis le manifestó el rol clave que tiene el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para Colombia y la región. Por ende, le reiteró la importancia de que la CIDH respalde el SAT a través del otorgamiento de medidas cautelares para las personas que, según el propio Sistema, están en riesgo extremo en el actual ambiente electoral.
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'Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo). Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó)', se lee en el boletín.
Así mismo, añadió que un total de tres gobernadores están amenazados en los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta. Un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.
'Son 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales. La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar', indica la entidad.
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