A través de una misiva enviada a la Corte Constitucional, y que salió a la luz la tarde de este martes 29 de agosto, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al alto tribunal tumbar el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el actual presidente de la República, Gustavo Petro, declaró en estado de emergercia económica en La Guajira.
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En el documento, cuyo contenido fue revelado hoy por el diario ‘El Tiempo’, el órgano de control sostiene que el mandatario nacional estaría buscando 'instrumentalizar' la crisis humanitaria que se estructura en la falta de acceso a servicios básicos vitales en el departamento, con la finalidad de obtener 'facultades legislativas'.
'Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia', cita el texto escrito y enviado desde la PGN.
El pasado 11 de agosto, en audiencia con la Corte, el jefe de Estado manifestó que el decreto en cuestión era menester, dado que, de otro modo, no le sería posible al Gobierno tomar decisiones directas para contrarrestar la situación.
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Sin embargo, a dicha diligencia no pudo asistir la PGN, por lo cual, no le fue posible a la procuradora general, Margarita Cabello, dar a conocer su postura, cosa que sí hizo en esta ocasión, a traves del documento de 25 páginas ya mencionado.
Entre los múltiples puntos que mencionó, la procuradora contrarrestó la afirmación del presidente Petro y, sin desconocer la gravedad de la situación por la cual está atravesando La Guajira, afirmó que las problemáticas en las cuales se basaron para decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica no son nuevas y pueden ser atendidas por medio de mecanismos ordinarios.
'Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional', señaló la Procuraduría.
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De acuerdo con el órgano de control, el Ejecutivo está en mora de acatar las órdenes de la propia Corte Constitucional y 'los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes o el cumplimiento de los fallos judiciales'.
Además, argumentó la PGN, el Gobierno Petro no ofreció bases explícitas para sostener su afirmación sobre el agotamiento de las medidas ordinarias. De hecho, 'se evidencia que, en principio, a pesar de estar disponibles, las mismas no han sido utilizadas en debida forma o a plenitud', dijo el organismo.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, el ente de control precisó que el decreto debe caerse porque resulta ser contrario al funcionamiento normal del Estado de Derecho que el Gobierno Nacional 'pretenda ampliar indebidamente sus facultades', omitiendo los poderes que ya tiene para solucionar la crisis.
Finalmente, Cabello indicó que, tras revisar y analizar mejor el panorama legal, 'no se evidencia que el Gobierno haya pretendido incorporar una política especial y concreta para atender la crisis, ya que la mayoría de las estrategias que se adoptan son trasversales a las materias, así como aplicables a todo el país'.
