Luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera investigación disciplinaria en contra de los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha, Valledupar y a la alcaldesa de Bogotá, por una posible omisión frente a la atención de quienes están detenidos y se encuentran en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de sus respectivas ciudades, con un alto hacinamiento. Por medio de un comunicado, Asocapitales indicó que son conscientes de sus responsabilidades, pero que no son los únicos responsables de esa problemática.
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'Razón por la cual radican, de la mano de la Defensoría del Pueblo y de la bancada de cárceles, el Proyecto de Ley 254/22 (S) en el Congreso de la República que ofrece salidas al hacinamiento, aporta claridad frente al debate de responsabilidades sobre la población carcelaria sindicada y también busca fuentes de financiación para conseguir este objetivo', se lee en la misiva.
Así mismo, pidió al Ministerio Público revisar el alcance de la sentencia SU 112 de 2022. Cabe recordar que esta involucra a la nación, departamentos y ciudades a buscar nuevos cupos. Así como a la financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria que hay en el país
'También se debe revisar el caso de los condenados que aún permanecen bajo la responsabilidad de las alcaldías y los sindicados que llegan de todos los municipios a las ciudades capitales, cuya competencia debería ser coordinada con las gobernaciones',
{"titulo":"Abren indagación contra Guillermo Reyes por solicitud y aceptación de dádivas","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/procuraduria-abre-indagacion-contra-guillermo-reyes-por-solicitud-y-aceptacion-de-dadivas"}
La Asociación de Ciudades Capitales también recordó que en el Congreso de la República hay una propuesta que tiene como objetivo que la Nación asuma la responsabilidad de todas las personas privadas de la libertad, tanto las sindicadas como las condenadas.
Finalmente, Asocapitales indicó que a pesar de que algunas ciudades capitales cuentan con los recursos para la construcción de cárceles en sus territorios, 'no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno Nacional para avanzar con dichos proyectos'.
Este pronunciamiento lo realizó la Asociación en el marco de su 60° Junta Directiva que fue realizada en Valledupar.
