Procuraduría pide aclaración al Gobierno por programa Ingreso Vital Básico, la unión entre Ingreso Solidario y Familias en Acción

BOGOTÁ | La Procuraduría informó este viernes en un comunicado que llamó al Gobierno a dar explicaciones sobre las razones que lo llevaron a unir los programas Ingreso Solidario y Familias en Acción con la creación del programa Ingreso Vital Básico.

El Ministerio Público puso de presente la importancia de 'conocer las razones técnicas, jurídicas y presupuestales detrás de esta decisión con el propósito de evitar escenarios que representen un riesgo para los actuales beneficiaros y una expectativa para los 324 mil nuevos hogares que se esperan incluir'.

Es fundamental, advierte el ente de control, que en la transición planteada 'se dé claridad sobre la continuidad de los beneficios a la población actualmente atendida y la fuente de financiación con la que se espera hacer el incremento de pagos y beneficiarios'.

Esto porque el presidente Gustavo Petro ha anunciado que desde abril de 2023 3 millones de hogares vulnerables dejarán de recibir $160 mil mensuales para recibir una renta ciudadana mensual de $500 mil, que será priorizada en los territorios con mayores líneas de pobreza, como La Guajira, Chocó, Amazonía y Cauca.

Pero esta renta estará condicionada a que el beneficiario o la beneficiaria cumpla ya sea un trabajo comunitario social o una labor de formación educativa.

Las poblaciones priorizadas serán además las madres cabezas de familia, víctimas de la violencia y comunidades indígenas. Así mismo, otras transferencias como la de adulto mayor, para quienes no reciben una pensión, pasarían de $80 mil a $500 mil, mientras que las de Jóvenes en Acción y Familias en Acción se mantendrían.

Son 2,9 millones de hogares Sisben IV y alrededor de 113 mil hogares de comunidades indígenas beneficiados. De estos hogares, más de 1,6 millones están clasificados en los grupos equivalentes a situación de pobreza extrema y alrededor de 1,2 millones de hogares en pobreza moderada.

El Ejecutivo ha dicho que para garantizar la sostenibilidad de estas rentas requiere de la aprobación de la reforma pensional y de las implementaciones que hará el Ministerio de la Igualdad.

El pasado jueves, precisamente, la directora de la entidad, Cielo Rusinque Urrego, hizo el anuncio de que un total de 48 mil familias y más 72 mil niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza harán parte de los hogares beneficiarios en el programa de transición a renta ciudadana, en el que los treinta municipios de Chocó harán a su vez parte de los 466 que están priorizados para recibir hasta $500 mil mensuales.

Y recordó la funcionaria que Chocó es el segundo departamento con mayor índice de pobreza monetaria en Colombia, sólo por detrás de La Guajira: las cifras del DANE para 2021 muestran que 63,4 % de su población está en pobreza y 33,3 % está en pobreza extrema. Es el cuarto departamento con peor índice de pobreza multidimensional: 36 %..