Corte escuchará a autoridades responsables de garantizar derechos de niñez wayuu

La Corte Constitucional informó el pasado miércoles en un comunicado que citó para el próximo martes 2 de agosto una sesión técnica en el marco del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de esta población en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira.

En este evento la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico harán una exposición de las acciones implementadas para avanzar en la garantía del derecho al agua, espacio que servirá para el análisis, diálogo y recaudo de pruebas.

'La finalidad de la sesión técnica es conocer dichas acciones y la visión que sobre estas tienen la comunidad y demás intervinientes, así como formular interrogantes y establecer los obstáculos y bloqueos institucionales que han perpetuado el estado de cosas inconstitucional identificado en el fallo', se lee en el documento.

Todo esto, agrega el alto tribunal defensor de la Carta Magna, con el objeto de impulsar respuestas oportunas inmediatas y eficaces sustancialmente a las situaciones o actuaciones que impiden avanzar significativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales, por ejemplo, a través de la debida articulación de las autoridades nacionales y territoriales en la formulación de la política pública.

Estarían presentes en la sesión el accionante, Elson Rodríguez Beltrán; el representante de las comunidades de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia; la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República; el gobernador de La Guajira; el representante de las autoridades municipales de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el defensor del pueblo; la procuradora general de la Nación; la Veeduría Ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y las lideresas sobre pilas públicas, Carmen Barliza y Aleida María Tile Uriana.