Frente a los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales, bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, consideró que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y, una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos.
Así mismo, agregó, se afectan de manera directa el derecho al trabajo, a la educación y a la alimentación, entre otros.
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'Los grupos armados ilegales deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas, que además se dan en el marco de un proceso pre electoral y por lo tanto, afectan el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos', dijo.
De hecho, el ente del Ministerio Público acaba de advertir que en el proceso electoral del país hay riesgo extremo y alto de vulneración de derechos en 274 municipios del país, por lo que sumado a estas nuevas amenazas contra la población civil, el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para la protección de los derechos de la ciudadanía.
'El Estado colombiano no puede permitir que a través de amenazas se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional', enfatizó.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo requirió a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para que protejan las vías y aseguren con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de grupos armados ilegales que puedan afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables.
De otro lado, Camargo reveló el pasado lunes que las comunidades de siete municipios del norte y centro del departamento del Cesar tienen riesgo alto de ser afectadas por grupos armados al margen de la ley, en este periodo de elecciones.
{"titulo":"ELN amenaza con paro armado de 72 horas en todo el país","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/eln-amenaza-con-paro-armado-de-72-horas-en-todo-el-pais-889474"}
En la Alerta 004 de 2022, la Defensoría del Pueblo establece que Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Pueblo Bello, El Copey, Curumaní y Pailitas, existe alto riesgo de que se afecte el proceso electoral.
En estos municipios la Defensoría del Pueblo identificó que organizaciones al margen de la ley como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) interfieren con amenazas o intimidaciones contra las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos, mujeres, comunidades indígenas y excombatientes.
En riesgo medio, se encuentran los municipios Becerril, la Jagua de Ibirico, Chiringuaná, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya.
'Llamo la atención para que las autoridades ejerzan el control y estén atentas a lo que ocurre en este departamento, el Estado debe mitigar y evitar la ocurrencia de situaciones que vulneren los derechos de las personas en el territorio', destacó el defensor.
Y advirtió además que cuatro de los siete municipios: Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz y Pueblo Bello, están incluidos en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, allí ha habido amenazas en contra de quienes aspiran a una curul de paz.
